El debate parlamentario sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por el Poder Ejecutivo con el envío de un nuevo proyecto de ley, tendrá este año su novena presentación en el Congreso de la Nación después de algo más de 13 años de marchas y contramarchas.
En junio de 2018 el Senado rechazó la norma aprobada por Diputados
La discusión sobre el aborto tendrá este año su novena presentación en el Congreso
El último proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado finalmente por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones de todo el país, que tuvo su puntapié inicial en los Encuentros Nacionales de Mujeres, que concentran al activismo hace por lo menos 32 años.
La Campaña presentó en el Parlamento propuestas para la despenalización del aborto desde 2007 pero en junio de 2018 la iniciativa llegó por primera vez al recinto en ambas cámaras, después de una fuerte movilización en las calles que dividió a la sociedad en medio de la campaña electoral.
El 14 de junio de 2018 la Cámara baja dio media sanción al proyecto con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, pero los senadores rechazaron la norma en una histórica sesión, que se desarrolló el 8 de agosto de ese año con una multitudinaria concentración en la Plaza del Congreso.
Un total de 38 senadores votaron en contra y 31 a favor, mientras que dos se abstuvieron y uno se ausentó, en la sesión de la Cámara alta que finalmente sepultó la posibilidad de legalizar el aborto.
La iniciativa para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) había sido presentada en el Congreso por séptima vez, suscripta por 71 diputados de distintos espacios políticos, en lo que fue la puerta de entrada a un debate que se definió como transversal ya que atravesaba a todos los sectores políticos y sociales.
El proyecto, que establece le legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación (actualmente rige solo para las víctimas de violaciones o para los casos de riesgo de vida de la madre) dividió a la sociedad entre los llamados ‘verdes‘ que estaban a favor y los ‘celestes‘ que defienden ‘las dos vidas‘.
Dos días antes del debate en Diputados, el 12 de junio del 2018, la normativa había obtenido dictamen con algunas modificaciones, luego de maratónicas audiencias en plenarios de comisiones por las que desfilaron casi 700 expositores y que eran transmitidas en vivo y seguidas en todo el país.
El dictamen obtuvo 64 votos a favor y 57 en contra y fue llevado al recinto por primera vez en una sesión que se extendió durante casi un día.
El debate pasó en esa oportunidad por las comisiones de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (PRO); de Legislación Penal, conducida por Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); de Salud, Carmen Polledo (PRO) y de Familia, Mujer y Niñez, Aejandra Martínez (UCR-Jujuy),
La propuesta generó quiebres en los dos grandes partidos políticos, tanto en el entonces gobernante Cambiemos, como en el justicialismo, y fue compartido el hecho de que en un mismo bloque convivieran partidarios ‘verdes‘ y ‘celestes‘.
Tal fue el caso de Silvia Lospenatto, que en el seno de Cambiemos mantuvo una mirada opuesta a la de la líder de su espacio, Elisa Carrió, y la del actual jefe de los senadores del FDT, José Mayans, quien defendía ‘las dos vidas‘.
El 8 de agosto de 2018, el Senado finalmente cerró las puertas a la legalización al rechazar por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones la normativa impulsada por la Campaña.
El primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llegó al Congreso el 28 de mayo de 2007 y un año después perdió estado parlamentario porque no fue discutido en comisiones. Tres años más tarde se repitió esa presentación y el texto consiguió el doble de firmas de apoyo, pero no logró llegar al recinto. En el 2012, 2014 y 2016 hubo nuevos intentos que también naufragaron de parte de legisladores del kirchnerismo y del socialismo.
Con información de Telam
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