Duro informe de Clarín y La Nación

Los accionistas privados de Papel Prensa responsabilizaron al ex presidente Néstor Kirchner de intentar "controlar el suministro del papel para diarios", a partir de la instalar que la compra de la empresa fue producto de un "delito de lesa humanidad".

"Sólo para apoderarse de Papel Prensa, el Gobierno desarrolla un plan en el que tergiversa los hechos, altera su cronología y no duda en bastardear la causa por los derechos humanos", dijeron en un duro Informe Clarín y La Nación.

En el mismo, los diarios recordaron que que Papel Prensa es el principal proveedor de papel de diario del país y que abastece 75% del consumo nacional.

Luego, denunciaron que "el Gobierno aspira así a controlar el abastecimiento local de papel, lo que junto con el manejo de las importaciones (25%) le daría una fortísima capacidad de presión sobre los medios gráficos. Sin papel no hay diarios", señalaron.

Para ambos medios, la política llevada a cabo por Kirchner "se acentuó" luego de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de junio del año pasado, cuando el candidato perdidoso "culpó del resultado a la posición editorial de los medios".

"Kirchner está desarrollando un plan para controlar y dominar a los medios que no le son afines", denunciaron. Según el Informe, "el objetivo del ex presidente es cambiar el emisor del mensaje, para sustituirlo por un emisor afín".

"Esta escalada de violencia e intimidaciones contra Papel Prensa se da en un contexto de amenazas y de persecuciones a los medios de comunicación y los periodistas en general y constituye una seria amenaza a la libertad de prensa", añadió.

El avance del Gobierno sobre la empresa comenzó con acusaciones respecto de su política comercial, con argumentos que sostienen que Papel Prensa es un monopolio administrado en beneficio de los diarios accionistas. Siguió luego con acciones desde distintos organismos de contralor (CNV, SIGEN, etc.),que la acusaron de desordenes administrativos. "Ambos argumentos son falsos", explicaron los accionistas. "Frente a la evidencia de que no lograría el objetivo que se había propuesto, el Gobierno inició otra serie de ataques, esta vez con una nueva, y falsa, línea argumental, que vincula la compra de las acciones de Papel Prensa a un delito de lesa humanidad", agregaron.

En el Informe, ambos medios añadieron que "ese falso argumento afirma que las acciones se compraron a la familia Graiver cuando sus integrantes estaban secuestrados y torturados por el poder militar de turno. Para construir su historia, el Gobierno tergiversa los hechos, altera su cronología y no duda en bastardear la causa por los derechos humanos", señalaron.

Según se observa en la documentación respaldatoria que contiene el Informe, en noviembre de 1976 "todos sus integrantes estaban en libertad, no estaban bajo amenaza de la dictadura y la conexión Graiver-Montoneros, que desencadenó el secuestro de varios miembros del grupo por el gobierno de facto en 1977, era desconocida en el momento de las transferencias accionarias".

Los diarios -junto a La Razón- recordaron que por entonces tenían un proyecto propio, pero que avanzaron el Papel Prensa "para darle continuidad a un proyecto que consideraban estratégico para la prensa argentina" y porque "temían que la planta cayera en manos que la operaran con el objetivo de presionar a los medios gráficos".

El Informe reitera que "los miembros de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de la venta, cuando salió a la luz la relación financiera de David Graiver con Montoneros".

Clarín y La Nación recordaron que "una vez restablecida la democracia, los integrantes de la familia Graiver declararon públicamente que sus detenciones ocurrieron varios meses después de la venta de las acciones de Papel Prensa... y nunca hicieron referencia a que se hubiera realizado mientras estaban detenidos o bajo amenazas del gobierno militar". "Surge claramente que cuando se vendió el paquete accionario de Papel Prensa, los miembros del grupo Graiver estaban libres", agregaron.

También el Informe recordó que el Estado Nacional, de acuerdo al Estatuto de la compañía, "debió haberse retirado de Papel Prensa hace 26 años" y que hoy "continúa negándose a cumplir esa obligación de vender sus acciones: peor aún, hoy utiliza su posición accionaria para trabar la operatoria de la empresa, mientras difunde sus difamaciones".

Por último, el informe de los accionistas privados responsabilizó a los medios estatales y paraoficiales "solventados con fondos públicos" de difundir "calumnias" y señaló como voceros al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, al cuñado de David Graiver, Osvaldo Papaleo y al canciller Héctor Timerman.

DYN