- Su incorporación a la Corte Suprema de Justicia es la más reciente, pero no la más novedosa. Es un espacio que no le resulta ajeno, ya que durante años se desempeñó como abogado relator en el Tribunal.

Con larga trayectoria judicial y un breve paso por el Ejecutivo, el más reciente ministro de la Corte de Santa Fe fija con claridad los ámbitos de incumbencia de los poderes y los términos de la relación. Las expectativas puestas en la reforma constitucional y el aggionarmiento de la Justicia, que ya está en marcha, en diálogo con El Litoral.

- Su incorporación a la Corte Suprema de Justicia es la más reciente, pero no la más novedosa. Es un espacio que no le resulta ajeno, ya que durante años se desempeñó como abogado relator en el Tribunal.
- Sí, sí. Fue una trayectoria de casi 37 años en el Poder Judicial. Yo ingresé precisamente a una de las secretarías de esta Corte, en el año 82, en la mesa de entradas. E hice toda la carrera, pasé por la prosecretaría, la relatoría. Y bueno, ahora me toca ser ministro de la Corte.
- Con un breve paso por el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía de Estado del gabinete de Omar Perotti. ¿Qué le queda de esa experiencia?
- Es una experiencia que para mí es muy útil en este momento, porque tuve una visión del Poder Judicial desde otro lado. Uno muchas veces estando siempre en el Poder Judicial va naturalizando cosas que, cuando uno sale y las mira desde otro lado, las ve de manera diferente. Fue una experiencia muy importante, muy interesante.
- La combinación de aquella trayectoria y de esta otra perspectiva lo habilitan especialmente para participar de esto que se presenta como una etapa de cambios en el Poder Judicial. ¿Qué mirada tiene sobre esto?.
- Yo dije en más de una oportunidad que la Corte tiene atribuidas constitucionalmente dos competencias; una en el artículo 92 y la otra en el 93. La que está en el 93 es la competencia jurisdiccional de la Corte. Es decir, aquélla en ejercicio de la cual la Corte resuelve y dicta sentencias. Esa competencia hoy está funcionando bien, no hay observaciones. Es una Corte que, a nivel nacional, por lo que uno escucha y lo que ha visto, está muy bien posicionada. Es una Corte muy equilibrada en sus fallos. La otra competencia, la del artículo 92, es la de gobierno. Es la competencia administrativa, lo que se llama la superintendencia de la Corte. Esa es una competencia que tiene la dinámica de los cambios, de las modificaciones tecnológicas, de las modificaciones estructurales, de los nuevos paradigmas. Y a partir de ahí, la Corte viene trabajando y se va a seguir en esa línea. Son cambios necesarios por la dinámica y por la movilidad del ritmo de vida actual, donde la tecnología, la inteligencia artificial y todos los avances vinculados a ella vienen a innovar, y hay que ir adaptándose.

- Más allá de lo que dice la letra de la Constitución, ¿en qué términos considera que tiene que darse la relación entre poderes? ¿Cuáles son los andariveles para conciliar o articular independencia y colaboración mutua?
- La Corte integra el gobierno de la provincia. Esto lo dice la Corte Nacional. Es decir que siempre tiene que ser con consensos, con acompañamientos, pero dentro del marco de la ley y de la Constitución. Los poderes tienen que conversar, a los efectos de llegar a que la sociedad reciba un mejor servicio; más allá de que después la ley y la Constitución marcan el límite de hasta donde puede llegar.
- ¿Qué modificaciones o reformas considera que serían necesarias en orden a ese objetivo? ¿Qué se debería hacer para mejorar el funcionamiento de la Corte, o del Poder Judicial en general?
- Yo creo que hay que seguir profundizando el uso de las nuevas tecnologías, el SISFE, que es el sistema por el cual uno accede. No se olvide de que hoy lo presencial es muy poco, la mayor parte de los trámites se hacen de manera virtual: así se ingresan los escritos, se notifican…. Hay que seguir con eso, y dando más herramientas a los jueces. Por ejemplo con las juntas médicas, o contar con recursos para que cuando el fuero laboral o tribunales de otros fueros necesiten resolver una cuestión técnica, no dependan tanto de profesionales externos.
- Esto aplica también a expandir a otros fueros la oralidad en los procesos, que ya funciona en el ámbito penal…
- Claro, sí. Ya hay un proyecto de modificación del Código Procesal Civil y Comercial basado en la oralidad, que yo creo ha permitido que los procesos se acorten, las cuestiones se resuelvan más rápido. Y eso se va a poder lograr también con la modificación del Código Procesal Civil y Comercial.

-Volviendo al tema de la colaboración entre poderes, se habló mucho, sobre todo desde el sector político, del compromiso del Poder Judicial con cuestiones acuciantes para la sociedad, como la seguridad pública, por ejemplo. ¿En qué términos le parece que puede darse esa articulación?
- A la articulación hay que darla dentro de la ley. Usted sabe que en ese caso hay algo que al Poder Judicial le corresponde, que son las decisiones que toman los jueces en los casos concretos. Son decisiones que a uno le pueden gustar más o menos, pero siempre tienen un control de órganos superiores y en definitiva de esta Corte, y en su caso de la Corte Nacional. Entonces creo que lo primero es resolver esos procesos dentro del marco de la ley, y dentro del marco de las nuevas leyes. No nos olvidemos de que a partir de fines del 2023, principios del 2024, se han dictado una gran cantidad de nuevas normas procesales. La aplicación de la normativa vinculada, por ejemplo, a la persecución del narcomenudeo, parece estar contribuyendo a la finalidad deseada, que es bajar el delito, evitar que puedan aumentar los casos en que se alimenta desde dentro mismo de las cárceles…
- En esta gran materia que el tema de la seguridad también entra el rol del Ministerio Público de la Acusación, al que usted aludió en el momento de asumir, y el debate sobre su filiación o su adscripción en la estructura del Estado. ¿Cómo hay que enfocar este tema de cara a la reforma constitucional?
- Va a ser muy importante que a eso lo termine de definir el convencional constituyente. Si usted me pregunta a mí, yo creo que tiene que ser un órgano extrapoder. Pero si miramos sistemas comparados, podemos encontrar otras maneras de definir esa cuestión. Pero bueno, eso será materia constituyente, y creo que una muy importante.
- ¿En qué otras materias tiene cifradas expectativas de que sean buenas reformas?
- Desde el Poder Judicial, habría que revisar la competencia de la Corte. Porque según el artículo 93, hay competencias que la Corte tiene, pero que actualmente están funcionando en otro fuero, como la contencioso administrativa. Por ejemplo, la Corte tiene competencia originaria en materia expropiatoria, eso también podría ser atribuido a otro fuero. Y el otro tema es el Consejo de la Magistratura, definir si va a tener raigambre constitucional, que yo creo que tiene que ser así. Con la prevención de que no suceda lo que pasa en la Nación, y de que se tomen en cuenta los problemas de funcionamiento que ha tenido para que no ocurra lo mismo en la provincia.
- ¿También se debería crear un fuero electoral, y que no esté encabezado por el presidente de la Corte, con integrantes sorteados cada año?
- Está claro, sí. Yo no sé si hay que crear un fuero electoral o hay que atribuir la competencia electoral a un órgano específico, eso será también material constituyente. Pero creo que tener un órgano que va que se va modificando sistemáticamente en cada elección, no es bueno para la materia electoral, que necesita mucha seguridad.
- Bueno, la última pregunta atañe a un clásico de la relación entre los poderes, que últimamente también se ha convertido en un tema espinoso, y es la cobertura de vacantes judiciales. En este momento hay voces de alerta de los colegios profesionales y a la vez, criterios distintos sobre cómo debería abordarse esta cuestión.
- Sí, es cierto, hay muchas. De todos modos, ya hemos tenido reuniones con el ministro de Justicia y Seguridad, con el secretario de Justicia, y estamos trabajando para tratar de cubrir la mayor cantidad posible de vacantes posible. Hay concursos en marcha, se han agregado concursos. Es una propuesta que tiene que hacer el Poder Ejecutivo a la Legislatura, pero estamos trabajando el tema en los términos en los que hablábamos antes, del diálogo y de la búsqueda de consensos.
- ¿Ese diálogo y consenso tienen que estar orientados también a fijar un orden de prioridades?
- Claramente, hay que establecer prioridades.
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