Expusieron Acusación y Defensa sobre qué esperan de la Reforma en Santa Fe

Pocos debates cuentan con tantos antecedentes y posiciones conocidas como el que corresponde a definir en la Constitución cuán independientes, qué tan autónomos y hasta qué punto serán autárquicos tanto el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, como el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.

Los procesos previos de selección al envío de pliegos del Ejecutivo a la Legislatura, el peso de ambos órganos (Acusación y Defensa) en una instancia como la del Consejo de la Magistratura, los procesos de remoción y su independencia de los procesos políticos partidarios en la Legislatura (así como sus lentos procesos en la toma de decisiones) fueron los ejes centrales de las exposiciones que este jueves 24 de julio se desarrollaron en una de las comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.

La mayoría de los miembros de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, y otros convencionales que asistieron en calidad de oyentes, ocuparon las bancas del Senado para sesionar. La comisión tiene 20 miembros (uno más que la Cámara alta) pero ninguno quedó de pie. Faltaron por momentos entre cuatro y cinco de los convencionales a la reunión, aunque se sumaron otros de otras comisiones interesados en el tema.

La reunión fue presidida por Lisandro Enrico que acordó con los demás miembros exposiciones limitadas a solo cinco minutos para la defensora general, Estrella Moreno Robinson y la fiscal general María Cecilia Vranicich. Tras sus ponencias -que demostraron que se puede decir mucho en poco tiempo- hubo preguntas de los convencionales, libres del cronómetro, como las respuestas.

Las titulares de Defensa y Acusación demostraron que habían leído con atención los proyectos de reformas de la Constitución integrales que han presentado hasta el miércoles los partidos políticos que integran el oficialismo. Sin identificar de qué fuerzas de Unidos se trataba, advirtieron que en algunos existen conceptos ya muy superados por la práctica y la legislación vigente para la reforma judicial penal inaugurada en Santa Fe hace ya más de una década.

En un momento, la fiscal general se ahorró una chicana sobre la letra de esos proyectos (que incluso llegan a cuestionar que los fiscales tengan la potestad de producir detenciones y luego comunicarlo al juez) y en cambio expuso con toda seriedad su preocupación por la letra de esos expedientes que llegarían a privar de esa herramienta tan importante para la persecución penal.

Vranicich fue a la letra de los proyectos que con anterioridad ha presentado para la reforma de la Constitución, donde se busca dar más poder a los fiscales, además de garantizarles recursos e independencia absoluta del Poder Judicial. La titular del MPA abundó sobre la necesaria “coordinación” entre el Poder Ejecutivo y Acusación, mientras que habló de la independencia necesaria para con el Poder Judicial.

En tanto, Moreno Robinson mencionó también sus preferencias y opiniones personales pero habló con un criterio más amplio sobre directrices generales deseables para que se piense instituciones no en personas a la hora de redactar el texto constitucional. Subrayó que en su visión del tema, pensar en un “órgano extrapoder” no es lo más adecuado, con lo que se pudieron notar matices.

Para ambas, sin embargo, en ninguno de los esquemas en debate peligran los derechos laborales de los empleados ni sus carreras judiciales. Más aún, ambas destacaron que existe una obvia protección constitucional nacional para esos derechos adquiridos y explicaron que se desea lo contrario de lo que se teme en el ámbito gremial judicial, que parecen ir en consonancia con las posiciones históricas (o acaso simplemente anteriores) de la Corte.

Ambas en definitiva explicaron que se trata de seguir paradigmas y estructuras que ya existen en otras provincias o en el orden nacional. Y citaron las características particulares de Santa Fe, que fue de las últimas en salir del sistema escrito e inconstitucional.

La primera expositora subrayó que de ningún modo pueden coincidir eventuales períodos de cuatro años para la defensa que coincidan con los cuatro años de los mandatos del Poder Ejecutivo; la segunda coincidió y leyó los fundamentos de la ley que en 2009 creó el MPA, donde se advertía del “riesgo” de subordinarlo a la Corte con los recursos o con el funcionamiento de superintendencia.

Moreno Robinson comentó que solo la provincia del mapa de la bota tiene separados en el interior del país los fueros penal y civil, mientras que Vranicich advirtió que hoy solo hay recursos y esfuerzos para enfrentar lo penal. Y más precisamente para la persecución del delito.

En el caso de la defensora destacó que el rol preponderante del servicio a su cargo es garantizar que todos los acusados sin importar cuánto dinero tengan puedan tener una defensa de calidad. La fiscal en cambio subrayó que la razón de ser del MPA es el interés de las víctimas de graves delitos. Una y otra entendieron que menciones sobre sendos aspectos esenciales deben estar escritos en la Carta Magna.

¿Cómo seleccionar?

Para la defensa es vital que haya más peso del servicio a la hora de seleccionar los candidatos a defensores. Poder evaluar el perfil de cada abogado que desea ingresar al SPPDP porque “no esa para cualquier profesional del derecho esta tarea”, en obvia referencia a las vocaciones para dar respuesta básicamente a “los acusados que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica”

Para Acusación también el proceso de selección debe ser previo al envío de pliegos por el Poder Ejecutivo que aprueba la Asamblea Legislativa formada por la suma de los diputados y los senadores provinciales.

Ambas dijeron que quieren igual número de representantes de sus órganos que legisladores o funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura a diseñar (y no la mitad como indican algunos proyectos).

¿Cómo remover?

Casi como un anticipo de un debate que se viene, cruzaron opiniones la fiscal general y el convencional Joaquín Gramajo. Vranicich reclamó más poder interno para las sancionar a los fiscales e incluso poder suspenderlos preventivamente sin esperar que la Legislatura se pronuncie, mientras que el senador provincial de 9 de Julio, que ha sido presidente o vicepresidente de la Comisión de Acuerdos que lleva adelante los procesos disciplinarios sobre defensores y fiscales subrayó que siempre se respetaron en la bicameral el derecho a la defensa y los plazos para ejercerla.

No fue un momento tenso ni mucho menos. Pero ambos dejaron en claro sus diferencias. Vranicich que fuera antes auditora general recordó que se estaba en un allanamiento contra un fiscal en funciones y urgía una suspensión transitoria que la ley no permite al MPA de modo interno, porque está esa facultad es del Legislativo. Pareció hablar del caso de coimas que terminó con dos fiscales apartados (uno de ellos el regional de Rosario) en el que, en rigor, en menos de 48 horas se produjo un dictamen de la Comisión de Acuerdos que aprobó la Sesión Conjunta de ambas cámaras, también en tiempo récord en términos legislativos, pero de modo muy lento para el avance y la investigación de una causa penal.

Pidió más injerencia del auditor general y la potestad del MPA para suspender transitoriamente fiscales en la Constitución.

El debate quedó trunco porque cuando Gramajo se disponía a exponer otros argumentos, el presidente de la Comisión le pidió que no se argumentara en la audiencia, sino que se hicieran preguntas.