Finalmente Santa Fe tendrá sus padrones definitivos sin pagar un solo peso

Producto de una negociación netamente política, la provincia podrá acceder a los padrones definitivos para las próximas elecciones sin pagar un centavo. La novedad implica un giro de 180 grados en el marco de la tensión generada con los estamentos nacionales que debían conceder la información pero a cambio, exigían una suma de 55 millones de pesos.

Como revelara El Litoral, el monto llamó la atención del presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe, Daniel Erbetta, que se negó a firmar el tradicional acuerdo de colaboración entre el organismo provincial y la Cámara Electoral Nacional. Como cuestión elemental, exigió conocer el detalle y la justificación del gasto; y en segunda instancia, alertó sobre una situación dispar y en apariencia, discrecional. Advirtió que jurisdicciones como Córdoba, incluso con más electores que Santa Fe, pagaban una suma significativamente menor; y que para otros distritos, el servicio se ofrecía directamente sin cargo.

"El padrón electoral es un compromiso institucional de la Nación y de la provincia que no puede estar sometido a una pauta económica", había dicho este miércoles Erbetta a El Litoral. Sin embargo, la llave para destrabar la situación quedó en manos de la ministra de Gobierno, Celia Arena. Su gestión y un diálogo entablado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial de la Nación, terminó saldando la discusión con el sorprendente desenlace de que lo que hace un mes implicaba para la provincia una erogación millonaria, ahora, tendrá costo cero.

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La resolución del conflicto llegó sobre el mediodía de este miércoles, a partir de una comunicación entre la justicia federal con competencia electoral en Santa Fe y el gobierno provincial. Verbalmente, el estamento nacional confirmó a los funcionarios de Omar Perotti que la provincia podrá acceder gratuitamente a los padrones.

Según confiaron fuentes oficiales a El Litoral, las bases de datos serán entregadas ya con las correcciones que surgieron a la luz de los casi 400 reclamos formulados desde el momento en el que se habilitó en la provincia la exhibición de los padrones provisorios, hasta su cierre. Ése era el otro temor; que el padrón que se entregara no fuera depurado. Lo había sugerido el juez Reynaldo Rodríguez cuando habló de otorgarle "menos servicios a Sana Fe", y lo había advertido abiertamente el Jefe del Centro de Cómputos de la Secretaría Electoral Nacional, Daniel Bonazzola, cuando sostuvo que se corría "el serio riesgo" de contar con padrones no depurados. Sin embargo, aun sin pagar un peso, se garantiza que los padrones estarán actualizados.

Una vez que se reciban las bases de datos, la provincia las procesará e imprimirá en la Casa de la Moneda. Ése fue el organismo contratado para tal servicio a través del decreto Nro. 229 firmado el 15 de febrero por Omar Perotti. Por esa impresión, la provincia pagará 31,4 millones de pesos. Dicho monto no estaba incluido en los 55 millones que pretendía cobrar la Cámara nacional.

¿Y las extras?

Cuando el juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, aludió públicamente a la controversia generada con Daniel Erbetta, aseguró que la suma exigida – 55 millones de pesos- no era "discrecional" ni "una avivada". Explicó, en cambio, que la cifra surgía de una fórmula actualizada según el índice de inflación, y que el dinero era necesario para pagar las horas extras del personal que debía trabajar en la confección y actualización de los padrones. La situación motivó, de hecho, una incipiente protesta del personal. "¡No a la quita o reducción de servicios en Secretaría Electoral Santa Fe! ¡Que provincia abone el monto de horas extras para padrones definitivos! ¡Nuestros derechos no se tocan!", planteaba una suerte de panfleto virtual que se difundió a través de redes sociales.

En paralelo, Erbetta no cesó en reclamar que si las extras eran necesarias, pese a los "149 empleados de la Secretaría Nacional y a las partidas que la Cámara federal habilitada a tal fin", se debía informar el detalle de ese gasto. No se llegó a esa instancia; antes, la discusión se zanjó por la vía política aunque ello no despejó las dudas sobre un trámite que pasó de costar 55 millones a cero peso.