El Gobierno nacional decidió incluir en el período de sesiones extraordinarias del Congreso el financiamiento para las universidades. La novedad se conoció en las últimas horas pero aun no fue publicada en el Boletín Oficial que tendrá el miércoles su primer día hábil, luego del feriado de Carnaval.
Se esperan novedades la semana próxima
El financiamiento universitario también pasará por el Congreso en extraordinarias
En los últimos días, autoridades de Educación se reunieron con integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Una medida cautelar obligó a cumplir la ley sancionada en 2025 que quedó en suspenso por un decreto presidencial. El período de sesiones irá hasta el sábado 28.
Se espera que en el mismo Boletín se informe la extensión del período de sesiones hasta el 28 de febrero, un día antes de que inicien las sesiones ordinarias que abrirá, como es habitual, el presidente de la Nación.
La decisión de incluir el financiamiento universitario llega varios meses después de una medida cautelar que obligó al Estado nacional a cumplir con la aplicación de la ley aprobada y ratificada por las cámaras de Diputados y Senadores.
En los hechos, el decreto presidencial 759/2025 del 21 de octubre de 2025 suspendió la ejecución de la ley que buscaba recomponer salarios y financiar las actividades de las casas de estudio, incluida la investigación que se realiza en un alto porcentaje en ese ámbito, a la vez de darles una previsibilidad presupuestaria.
A fines de diciembre, dos días antes de Navidad, se conoció la medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligó a dar cumplimiento a la ley y ordenó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795).
En los argumentos consideró que el Decreto 759/2025 del 21 de octubre, que suspendió su ejecución, presenta, en principio, rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
La disposición llegó por efecto de un recurso de amparo colectivo promovido por más de 40 casas de estudio integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado Nacional.
Durante el debate por fondos, que ocupó buena parte de 2024 y 2025, con marchas masivas en todo el país y arduos debates en el Congreso, se estableció que las universidades necesitan 7,2 billones de pesos para su funcionamiento, mientras que el Presupuesto para este año les asigna una partida de 4,8 billones.
En la medida dictada por el juez, se estableció que existía una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico", luego que en el decreto del ejecutivo se argumentó que "cualquier ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución", cosa que ocurrió.
Para comenzar a tender puentes, el gobierno nacional, a través del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, convocaron a integrantes del CIN.
"Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia", explicó Oscar Alpa, presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del organismo, Franco Bartoacci.
Será cuestión de ver cuál es la nueva propuesta que introduce el Ejecutivo, con el inicio del ciclo lectivo en ciernes.
Temario extendido
El 18 de enero de este año, el gobierno nacional convocó a un segundo tramo de extraordinarias (el primero fue en diciembre, cuando se aprobó el Presupuesto 2026) para tratar la Reforma Laboral, el acuerdo Mercosur-UE, el acuerdo Argentina-Estados Unidos, la Ley de Glaciares y periglaciares, y el pleigo para designar al ex diputado PRO Fernando Iglesias embajador argentino ante Bélgica, entre otros.
Los dos primeros puntos lograron media sanción en el Senado y diputados, respectivamente. También se dio curso a la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. La norma, impulsada por el gobierno e incorporada sobre la marcha de febrero al temario de sesiones, logró media sanción este jueves en la Cámara baja.
Se espera que la semana próxima, luego del feriado largo, retome la actividad de las comisiones para dictaminar sobre las iniciativas que el gobierno espera ver convertidos en ley antes del 1º de marzo.
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