La Justicia argentina ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi por un monto cercano a los $1.500 millones, a partir de un reclamo presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida se produjo en medio de los problemas financieros y operativos que atraviesa la aerolínea low cost.
La Justicia embargó las cuentas de Flybondi por una deuda de casi $1.500 millones con ARCA
La medida fue dispuesta a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por obligaciones tributarias impagas. El embargo es de carácter cautelar y, por el momento, no implica la suspensión de las operaciones de la compañía.

El procedimiento busca garantizar el cobro de obligaciones tributarias que la compañía mantiene con el organismo recaudador. Según la información incorporada a los expedientes, el capital reclamado supera los $1.256 millones y, con intereses, el monto de la medida asciende a unos $1.444,9 millones.
La decisión fue adoptada por juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias en el marco de procesos iniciados por ARCA. El embargo tiene carácter cautelar y no supone, por sí mismo, el cierre de la empresa ni la interrupción de sus actividades comerciales.

Qué incluye la deuda reclamada por ARCA
La deuda que dio origen al pedido judicial está vinculada principalmente con obligaciones tributarias que Flybondi debía ingresar al fisco.
El mayor componente corresponde a retenciones del impuesto a las Ganancias, por $915.238.669,21. A ese concepto se suman $207.932.266,08 correspondientes a retenciones de IVA y otros $133.298.772,02 vinculados con el impuesto a los Bienes Personales.
En conjunto, el capital reclamado alcanza los $1.256.469.707,31. Con el agregado de un 15% en concepto de intereses y costas, el monto solicitado por ARCA llega a $1.444.940.163,41.

El objetivo de la medida judicial es asegurar que esos recursos puedan ser cobrados por el Estado. Por tratarse de una ejecución fiscal, el embargo funciona como una herramienta para resguardar el eventual recupero de las sumas reclamadas mientras avanza el proceso.
La decisión se suma a una serie de dificultades que atraviesa la compañía durante los últimos meses. De acuerdo con la información publicada sobre la situación de la empresa, Flybondi mantiene otros compromisos pendientes y enfrenta reclamos relacionados con trabajadores desvinculados.
A fines de abril, la aerolínea había desvinculado a más de 700 trabajadores, entre despidos y acuerdos de retiro voluntario. Según los reclamos difundidos, esos empleados todavía aguardaban el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La situación laboral forma parte de un escenario más amplio de dificultades financieras que afecta a la empresa y que derivó en distintos reclamos judiciales.

El embargo no implica, por ahora, la suspensión de los vuelos
Uno de los puntos centrales de la resolución es que el embargo de las cuentas bancarias no significa automáticamente que Flybondi deba dejar de operar.
La medida fue dictada como parte de ejecuciones fiscales y tiene como finalidad asegurar el cobro de las obligaciones reclamadas por ARCA. Por lo tanto, el procedimiento judicial sobre las cuentas de la empresa y la autorización para operar son cuestiones diferentes.
La aerolínea atraviesa, de todos modos, un momento de dificultades operativas. La información difundida en las últimas horas señala que la compañía continúa comercializando pasajes pese a que mantiene inconvenientes en la prestación de sus servicios y acumula reclamos de distintos sectores.

El escenario también incluye cuestionamientos vinculados con el cumplimiento de obligaciones laborales. La situación de los trabajadores se suma a los reclamos fiscales que ahora derivaron en el embargo de las cuentas bancarias.
El nuevo frente judicial representa, así, un problema adicional para las finanzas de Flybondi. La empresa deberá afrontar el proceso iniciado por ARCA y responder por las obligaciones tributarias reclamadas.
Por el momento, la resolución judicial no dispone la suspensión de las operaciones de la aerolínea. El embargo busca preservar los fondos necesarios para garantizar el cobro de la deuda fiscal y seguirá su curso dentro de los expedientes de ejecución tributaria.
El caso queda ahora sujeto a la evolución de esos procesos judiciales y a la situación financiera de la compañía, que deberá atender en paralelo sus compromisos fiscales, laborales y operativos.








