Gastos reservados: el Senado ante una respuesta en blanco

Lo contaron los senadores desde sus bancas en la primera sesión de 2021 y lo confirma la lectura del expediente al que se referían: la respuesta del Poder Ejecutivo a una comunicación de la Cámara está en blanco. Contiene apenas la constancia de los pases de un escritorio a otro, sin que conste una respuesta a la inquietud que se había formulado.

En pocas palabras, el Senado pidió antes de fin de año que el gobierno habilite el tratamiento del veto de la polémica (en rigor son dos) pero por respuesta solo recibió la información de que los funcionarios están al tanto del pedido. Y punto. Ninguna razón para que el tema no figure en la agenda legislativa.

La respuesta a la comunicación del 16 de diciembre de 2020 llegó el 22 de enero a la Legislatura. Indica que el expediente ha estado tanto en el Ministerio de Gobierno como en el Ministerio de Gestión Pública.

Ante la curiosa minuta, tres de los cuatro bloques en que se dividen las 19 bancas decidieron volver a la carga y reiterar el pedido, por vía de otra comunicación. La firmaron los jefes de los bloques Armando Traferri (PJ-JDP-Nes-San Lorenzo), del interbloque radical Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo). En la sesión del jueves 11 todos los proyectos de comunicación, como los pedidos de informes y las resoluciones, se votaron por unanimidad, como es habitual en la Cámara. El bloque Lealtad de los senadores peronistas más cercanos al gobernador, en esta oportunidad, no formuló objeciones.

Contexto

Desde siempre, existe un renglón de recursos cuyo uso no es público y por eso reciben el nombre de "gastos reservados" en el gobierno provincial, así como en la Justicia y, en especial, en el Ministerio Público de la Acusación. (La Legislatura mantiene en una situación similar el destino de los subsidios otorgados por los legisladores).

A fines del año pasado, en Santa Fe se sancionaron dos leyes de transparencia. Pero ambas fueron vetadas por el gobernador Omar Perotti. Una daba el inédito primer paso para que esos fondos públicos no sean ya de uso tan reservado, con controles capaces de guarecer esos datos hasta que sean inofensivos: por ejemplo, para la protección secreta de testigos en peligro o los gastos propios de una investigación por parte de los fiscales o de la policía. La otra define con claridad las incompatibilidades de los integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del ya mencionado MPA, más allá de lo que ya contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial que es bastante clara.

Como el ministro de Seguridad Marcelo Sain cuenta con una voluminosa cuenta de gastos reservados (según los legisladores de la oposición) y como es al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo y del Judicial porque no renunció a ser jefe del Organismo de Investigaciones del MPA (El Litoral lo reveló hace un año, en su edición del 12 de febrero de 2020), ambas leyes de fondo –mucho más importantes que un funcionario- fueron simplificadas como las normas "antiSain".

El veto contra la transparencia de los gastos reservados (que habilita controles del Tribunal de Cuentas luego de dos años de su uso) ya fue rechazado por la Cámara de Diputados y en el Senado parece tener los números suficientes para confirmar la vigencia de la ley.

Durante el debate del último jueves, senadores justicialistas del Nes y de los dos bloque radicales insistieron con la necesidad de que el tema no quede para después del primero de mayo, cuando se inaugure el próximo período ordinario de sesiones. Mientras duren las extraordinarias, la potestad de fijar la agenda legislativa es del Ejecutivo.