El gobernador Omar Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que abra un sumario administrativo para determinar si se desarrollaron actividades al margen de la normativa legal dentro del Ministerio de Seguridad, a propósito de la documentación recabada por el Ministerio Público de la Acusación, que podría ser producto de tareas de espionaje.
POLÍTICA
El escándalo por supuesto espionaje ilegal
El gobierno abrió una investigación interna por las carpetas de Sain
Perotti instruyó al Fiscal de Estado para que lleve adelante un sumario administrativo para determinar si hubo violación de la normativa vigente.
Archivo El Litoral / Manuel FabatíaMartes 30.11.2021
-Última actualización - 15:45
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A través del decreto 2651, con fecha 29 de noviembre, el mandatario se remite a “los hechos de dominio público ocurridos en las diligencias judiciales practicadas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, llevadas adelante por el MPA a efectos de “recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales”. Concretamente, en las causas que se tramitan sobre la presuntamente irregular compra de armamentos, y también sobre tareas de acumulación de datos personales, sin autorización judicial.
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A partir de eso, considera que “es deber de este Poder Ejecutivo instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar si, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.
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Por lo tanto, decidió instruir al Fiscal de Estado (que además de ser el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, “tiene la facultad legal de llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios”), para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios, inicie las acciones que correspondan. Cabe aclarar, no obstante, que esta facultad refiere al personal administrativo, y no a los funcionarios políticos.
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La medida refiere a las tareas desarrolladas por el MPA para recabar documentación, que por lo demás estaba siendo destruida por funcionarios salientes del Ministerio de Seguridad, y entre la cual se encontraron numerosas “carpetas” con información sobre empresarios, dirigentes políticos y periodistas santafesinos.
El decreto
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