La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier, presentó un proyecto de Ley para incorporar la perspectiva de género a la Ley de Mediación N° 26.589 y actualizarla de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa tiene como fin evitar las dilaciones que viven las mujeres para obtener la cuota alimentaria en el marco de conflictos familiares. Lo que se busca es adecuar la terminología a la codificación vigente, suprimir la obligación de realizar mediación prejudicial obligatoria en caso de alimentos definitivos a niños, niñas y adolescentes y eliminar la prohibición de mediación en caso de existir violencia en el seno familiar.
Proyecto de ley
Impulsan la incorporación de la perspectiva de género en las mediaciones
“Someter obligatoriamente un pedido de alimentos a una mediación implica demoras y que los alimentos no se cumplan. Eso es grave porque tiene consecuencias en las mujeres quienes están, principalmente, al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. No sólo por el desgaste emocional que genera estar detrás del reclamo del cumplimiento de alimentos sino, también, por el impacto económico que implica la mantención familiar durante ese tiempo y los honorarios del mediador”, indicó Mounier.
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Por otro lado, el proyecto incluye la posibilidad de que la víctima solicite la mediación aún en un contexto de violencia de género. En este sentido, se considera que con apoyo profesional y con los recaudos necesarios, puede decidir el método que considere correcto para lograr acuerdos. “El espíritu del proyecto es darle a las mujeres la posibilidad de decidir si ir o no a mediación para resolver el conflicto en caso de alimentos y de violencia familiar. Porque la mediación hoy es obligatoria y si bien es valiosa para solucionar de manera inmediata conflictos familiares, en muchos otros no porque complica aún más el tema. Por eso, es importante que la propia víctima decida qué camino tomar es el correcto”, agregó la legisladora nacional por Santa Fe.
Por último, el proyecto plantea la necesidad de que los mediadores y mediadoras accedan a la capacitación en perspectiva de género, como lo exige la Ley Micaela para el abordaje de su tarea.
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