En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia, la Oficina Anticorrupción (OA) aprobó la Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional.
Boletín Oficial
La Oficina Anticorrupción aprobó una guía para fortalecer la integridad en el sector público
El documento establece lineamientos y estándares para prevenir y detectar hechos de corrupción en la administración pública. Será difundido a nivel federal para que provincias y municipios también puedan implementarlo.
Se trata de un documento técnico que ofrece lineamientos comunes para que cada organismo estatal pueda diseñar e implementar políticas de ética y transparencia en su funcionamiento diario.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca consolidar un marco homogéneo para la prevención y detección de irregularidades en la administración pública.
Un instrumento para prevenir la corrupción
La Guía fue elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad, y recoge aportes de organismos públicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
Entre sus ejes principales se destacan:
Gestión de conflictos de intereses y declaraciones juradas.
Transparencia en contrataciones.
Participación ciudadana.
Mecanismos de denuncias y consultas accesibles.
Además, plantea la necesidad de construir una cultura organizacional basada en la ética, la apertura y la rendición de cuentas, con procedimientos que permitan detectar desvíos, medir avances y promover mejoras continuas.
La OA subrayó que el documento no se limita a enumerar principios generales, sino que ofrece herramientas prácticas y ejemplos de indicadores para que cada jurisdicción pueda adaptarlos a sus riesgos y particularidades.
Alcance federal y mirada a futuro
Si bien la Guía fue diseñada para el ámbito del Sector Público Nacional, la Oficina Anticorrupción promoverá su difusión a nivel federal. La intención es que provincias y municipios también cuenten con este material como referencia para fortalecer sus propios programas de integridad.
“Se trata de un instrumento que busca consolidar capacidades institucionales sostenibles en el tiempo, más allá de los cambios políticos o administrativos”, remarcaron desde la OA. La idea es que cada organismo pueda anticipar y mitigar riesgos, evitando que se produzcan hechos de corrupción que afecten la confianza ciudadana en las instituciones.
La publicación de esta resolución se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad y en los compromisos asumidos por la Argentina en distintos convenios internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
En todos los casos, el país se comprometió a promover políticas preventivas, fortalecer la ética pública y sancionar con firmeza los delitos vinculados a la corrupción, considerados en la Constitución Nacional como un atentado contra el sistema democrático.
Una política de Estado
La OA recordó que la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en 1999, establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a toda persona que ejerza una función pública.
Esa norma, junto con otras como la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, constituyen la base del sistema de integridad vigente en el país.
La nueva Guía viene a operativizar esos principios en programas concretos dentro de cada organismo, con criterios unificados que aseguren eficacia y coherencia. “El aprendizaje institucional y la adaptación a los cambios del entorno social y normativo son condiciones indispensables para mantener la vigencia del programa en el tiempo”, subraya el texto oficial.
La difusión del documento se realizará a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada en 2019, que nuclea representantes de cada jurisdicción de la Administración Pública Nacional y funciona como un canal formal de articulación con la OA.
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