La IPJ denuncia que socios de Vicentin "enajenan" patrimonio

María Victoria Stratta, inspectora general de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, denunció que “al menos cuatro” integrantes del directorio de Vicentin comenzaron en febrero a “enajenar” su patrimonio por si les tocara responder ante demandas judiciales.

“Cuando uno dice que estas personas que están (gestionando la empresa) no están a la altura de las circunstancias no es una afirmación caprichosa”, dijo la funcionaria santafesina, quien aclaró que tiene un rol completamente técnico y no político.

Stratta denunció que en el Registro General de la Propiedad de Santa Fe pudo detectar que “hay por lo menos cuatro personas (del directorio) incluido el presidente (de la empresa) que están enajenando sus bienes personales por las dudas que le toque responder”.

“Todo esto ocurrió entre febrero y ahora. Empezó el estado de cesación de pagos y estas personas empezaron a hacer movimientos patrimoniales de enajenación. Esto los coloca en una situación por lo menos sospechosa”, dijo Stratta en declaraciones a radio AM 550.

Stratta es quien solicitó desde la IPJ que se designe un órgano de administración puesto por el juez del concurso, integrado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional (Gabriel Delgado y Luciano Zarich) y una persona designada por el Poder Ejecutivo provincial, que es el ingeniero Alejandro Bento.

La idea es que al ejercer esa administración se dialogue con otros sectores interesados, como pueden ser cooperativas de productores para que todo quien tenga interés legítimo pueda aportar a la solución. Pero en la sociedad además de estar el órgano de administración, hay síndicos societarios que son tres contadores y abogados designados por los accionistas que controlarían a esta representación de los Estados nacional y provincial, lo que “garantizaría la transparencia”.

Fuerte cuestionamiento a Lorenzini

María Victoria Stratta ratifico el pedido al juez Fabián Lorenzini para que nomine a los interventores que había designado Alberto Fernández: Gabriel Delgado y Luciano Zarich, más el santafesino Alejandro Bento, como administradores de la empresa concursada. También solicitó que no se proceda -cosa que ya sucedió- con la restitución del manejo de la firma a sus dueños.

Stratta atacó al juez al señalar que “se declara incompetente para juzgar un acto administrativo, pero suspende parcialmente sus efectos y lo modifica, invocando normas de derecho privado”. Apunta en ese sentido que “en realidad lo revoca, al menos en lo atinente a la intervención” el DNU de Alberto Fernández.

“Invocando un pretendido diálogo de fuentes para llegar a la decisión, lleva a cabo un acto indirecto, que en los hechos implica atribuirse jurisdicción contencioso administrativa, afectando el orden público. Es así porque torna abstracta cualquier impugnación al acto administrativo, con lo que en los hechos ahorra la tarea a los desplazados. Un atajo antijurídico”, critica la titular de la IPJ.

“En esa búsqueda del modo de soslayar al derecho público, dice actuar de oficio por sus atribuciones como juez concursal reinventando el pedido de parte, lo que resulta contradictorio y tardío. Si fuera como la resolución dice, debió dictarse antes y no esperar diez días.

“Es que la pretendida urgencia -prosigue- está ausente tanto en el obrar jurisdiccional como en el de la concursada, que se dijo atropellada pero esperó una semana para solicitar tutela”. “Se violan elementales principios como la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo, que las atribuciones del juez concursal no derogan”.

Una larga lista de críticas en base jurídica continúan en el escrito. Y hacen presumir la posibilidad de una acción en contra del magistrado en caso de que éste no falle a favor del pedido que Omar Perotti anunciara desde Olivos el pasado viernes.