La Justicia federal procesó este jueves a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero y le impuso la prohibición de salir de la Argentina. La medida fue adoptada por el juez Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo sobre el patrimonio del exlegislador por mil millones de pesos.
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país
El juez federal Lino Mirabelli también dispuso un embargo de mil millones de pesos sobre los bienes del exdiputado. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado.

El expediente investiga el origen de los fondos que Espert recibió en el marco de un acuerdo comercial vinculado con Federico “Fred” Machado, empresario investigado y condenado en Estados Unidos por delitos financieros.
La decisión representa un avance en una investigación que busca determinar si el dinero recibido por el exdiputado tuvo un origen ilícito y si posteriormente fue incorporado al circuito económico mediante operaciones destinadas a justificar su procedencia. El procesamiento es una resolución judicial dentro de la causa y no equivale a una condena definitiva.

La transferencia de US$ 200.000 bajo investigación
El eje del expediente es una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió de una firma vinculada a Machado. De acuerdo con la información publicada por Clarín a partir de fuentes judiciales, la operación se realizó en 2020 y estuvo relacionada con un supuesto contrato de asesoramiento para la empresa minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala.
La relación entre el exlegislador y Machado ya había quedado bajo la lupa por los vínculos que mantuvieron durante la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario le brindó apoyo al dirigente liberal. Con el avance de la investigación, los movimientos financieros relacionados con ese vínculo se convirtieron en uno de los principales puntos de análisis judicial.
Espert sostuvo públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría para asesorar sobre una explotación minera en Guatemala. La fiscalía, sin embargo, cuestionó esa explicación y planteó dudas sobre la efectiva prestación de los servicios que habrían dado origen al pago.
Entre los aspectos observados por los investigadores figuran la falta de registros que acrediten tareas profesionales concretas y las condiciones de funcionamiento de los emprendimientos mineros mencionados en el acuerdo. La pesquisa busca establecer si existió una contraprestación real o si la operación fue utilizada para encubrir el origen de los fondos.

La fiscalía también examinó el destino que habría tenido el dinero. En actuaciones anteriores, el representante del Ministerio Público señaló compras de vehículos de alta gama y movimientos patrimoniales que consideró relevantes para reconstruir el recorrido de los fondos. Esas operaciones forman parte de la hipótesis investigativa, que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.
El expediente también alcanzó a personas y estructuras vinculadas con la operatoria. En etapas previas, la fiscalía había pedido medidas sobre la sociedad comercial Varianza SA, relacionada con Espert, y sobre su contador, en el marco de las diligencias destinadas a esclarecer la documentación y el origen de los recursos.
El embargo y la prohibición de salir del país
Además de disponer el procesamiento, el juez Mirabelli ordenó un embargo de mil millones de pesos sobre los bienes de Espert y restringió su posibilidad de abandonar el territorio argentino. Las medidas buscan asegurar que el exdiputado permanezca a disposición de la Justicia y resguardar eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de la causa.
Las restricciones se suman a otras decisiones adoptadas durante la investigación, que incluyeron medidas para relevar información bancaria, fiscal y patrimonial. En los meses anteriores, la defensa del exlegislador cuestionó distintas diligencias y reclamó que se revisaran actuaciones incorporadas al expediente.

El 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de nulidad presentados por la defensa y ratificado la continuidad de la investigación. Los camaristas consideraron que no se había demostrado una vulneración concreta de las garantías procesales que justificara invalidar las medidas cuestionadas.
También rechazaron un intento de apartar al fiscal Fernando Domínguez de la causa.
Espert, por su parte, había presentado un descargo en el que rechazó la hipótesis fiscal y defendió la validez del contrato de consultoría. En esa presentación sostuvo que la documentación incorporada al expediente respaldaba su explicación sobre el origen del dinero y pidió que se evaluaran sus argumentos.
Con el procesamiento dispuesto este jueves, la causa entra en una nueva etapa judicial. La investigación deberá avanzar sobre las pruebas reunidas, el recorrido de los fondos y las explicaciones presentadas por el exdiputado. Mientras tanto, siguen vigentes las restricciones patrimoniales y la prohibición de salida del país ordenadas por el magistrado.
El procesamiento no determina por sí mismo la culpabilidad de Espert: la responsabilidad penal deberá resolverse en las instancias correspondientes, conforme avance el expediente y se analicen las pruebas de las partes.








