Con la Justicia en la mira

Si el primer bloque del discurso presidencial estuvo enfocado en demonizar a los dos principales causantes de todos los padecimientos del país, vale decir el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia; y el tramo intermedio se concentró en repasar todas las acciones realizadas y los proyectos iniciados o previstos para lograr la recuperación del país, el segmento cercano al final estuvo concentrado en otro de los grandes problemas que, según la concepción del mandatario, afronta el proyecto nacional.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, espetó, mientras los miembros de la Corte seguían por zoom la alocución.

“En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, les espetó, con el añadido de que “la relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”.

“Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar. Pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan”, continuó el mandatario, estableciendo una vinculación que atravesó todo el discurso, y que refiere a la enfocada conspiración de “los poderes concentrados”.

Tras alusiones más o menos directas a los casos del fiscal Stornelli y sus presuntos vínculos con el espionaje ilegal, puso de resalto la existencia de “un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”.

“En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos. Todas estas dudas, que se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho”, argumentó Fernández, siguiendo a rajatablas el libreto de la teoría del lawfare.

Sobre esa base, “y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, aclaró.

Tras repasar el flagelo de los “tiempos” de los procesos judiciales, recaló en el hecho de que “vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”.

Sobre esa base, sumó al envío al Congreso de la reforma del fuero federal, otra batería de proyectos “en favor de mejorar la administración de justicia”.

El primero de ellos tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias.Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado “arbitrariedad” sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa. Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”, agregó.

“En segundo término, enviaré a este Honorable cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”, propuso.

Todo esto, según cerró, con el objetivo de “despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.