A través de la Resolución 53/2024 publicada en el Boletín Oficial se anunció la derogación de la Resolución N° 1231 del 20 de diciembre de 2019, marcando un cambio significativo en las políticas de uso de armamento por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La medida tiene como objetivo principal establecer la capacidad de defensa de los efectivos, especialmente en situaciones de confrontación que se cobraron vidas en el pasado.
Qué dice el Comunicado
La Resolución N° 1231, emitida en 2019, impuso restricciones en el uso de armas letales y no letales por parte de las fuerzas de seguridad, generando críticas y preocupaciones sobre la capacidad de respuesta en situaciones de alto riesgo. Esta limitación afectó particularmente a la Prefectura Naval Argentina, que vio su capacidad de patrullaje en los ríos de frontera considerablemente comprometida, según señala el comunicado oficial.
En el marco de la derogación, la Ministra Bullrich destacó la importancia de restablecer el equilibrio necesario para garantizar la seguridad de los efectivos. El comunicado oficial, señala: "La situación desventajosa en la que se encontraban las fuerzas de seguridad, particularmente la Prefectura Naval Argentina, en el patrullaje de los ríos de frontera, ha llevado a la necesidad de revisar y modificar las políticas implementadas en 2019".
Se destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población sin comprometer los derechos fundamentales.
La nueva resolución no solo revoca las restricciones establecidas en 2019, sino que también autoriza a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina a utilizar armas largas a bordo de las embarcaciones de patrullaje. Esta medida busca proporcionar a la fuerza la capacidad necesaria para enfrentar amenazas significativas, especialmente en situaciones relacionadas con la criminalidad organizada en las zonas de frontera marítima.
El patrullaje de los ríos Paraná superior, Paraguay y Uruguay se convirtieron en un punto crítico, con recientes confrontaciones que pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la Prefectura Naval Argentina. La restricción del uso de armamento de largo alcance ha sido identificada como un factor crucial en estas situaciones, y la nueva resolución pretende abordar directamente esta problemática.
La Ministra Bullrich subrayó la urgencia de la situación y la necesidad de eliminar las restricciones que afectan a la Prefectura Naval. En este sentido, la resolución no sólo deroga la medida anterior, sino que también instruye al Titular de la Prefectura Naval Argentina para que adapte sus normas y procedimientos internos a las nuevas disposiciones.
Esta medida busca proporcionar a la fuerza la capacidad necesaria para enfrentar amenazas significativas.
La Dirección de Asuntos Legales, Asesoría y Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad ha intervenido en el proceso, brindando asesoramiento legal sobre la derogación y las nuevas disposiciones.
Aunque la derogación de la Resolución N° 1231 fue recibida con alivio por parte de algunos sectores que consideraban las restricciones como un obstáculo para el desempeño efectivo de las fuerzas de seguridad, también ha generado críticas y preocupaciones. Algunos sectores de la sociedad expresan inquietudes sobre el riesgo de un uso excesivo de la fuerza y la necesidad de establecer protocolos claros para garantizar el respeto a los derechos humanos.
La nueva resolución también encomienda a la Unidad Gabinete de Asesores la elaboración, en un plazo de treinta días, de nuevos proyectos de protocolos que sustituirán a los derogados por la Resolución N° 1231. Este proceso implica una revisión integral de las políticas de uso de armamento por parte de las fuerzas de seguridad, buscando establecer lineamientos actualizados y adaptados a las exigencias actuales.
La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, marcando el inicio de una nueva etapa en las políticas de seguridad del país. Se destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población sin comprometer los derechos fundamentales.
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