Santa Fe ya tiene en vigencia la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que comprende a la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, a los órganos legislativo y judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, cuando actúen en ejercicio de funciones administrativas. También es aplicable a los entes de derecho público de carácter no estatal en la medida en que ejerzan potestades públicas conferidas por leyes, exclusivamente en lo relativo al ejercicio de dichas potestades.
Abarca a los tres poderes, Tribunal Cuentas, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público
Rige la ley que regula los procedimientos administrativos en el estado santafesino
Tuvo un rápido tratamiento legislativo y en ambas cámaras votación unánime. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y reforma del Estado provincial.
La nueva norma tuvo aprobación unánime en ambas cámaras en la misma jornada. El trámite legislativo se inició en la Cámara de Diputados donde además del mensaje del Poder Ejecutivo se habilitó el tratamiento conjunto con un proyecto de la socialista Lionella Cattalini.
Una norma clave para la modernización del Estado
El Senado completó la sanción también con el aval de todos los presentes. La propia norma establece que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación realizada el último martes.
"La iniciativa se enmarca en el proceso sostenido de modernización y reforma del Estado provincial, consolidado a través de políticas públicas que promovieron la descentralización territorial, la participación ciudadana y la inclusión social, pilares fundamentales de una Administración Pública abierta, transparente y orientada a las personas", señaló el Ejecutivo en el mensaje remitido a Legislatura.
Se explicó en los fundamentos que el propósito "es dotar a la totalidad de los órganos y entes provinciales -en el ejercicio de sus respectivas funciones administrativas- de un régimen procedimental integral, moderno y claro, que refleje los valores y principios del Estado social y democrático de Derecho, y que se adecue a las transformaciones tecnológicas y organizacionales que atraviesan hoy al sector público".
En los fundamentos se rescata el Decreto Acuerdo Nº 4174/2015 que -se marca- representó un hito en esta evolución, al instaurar un plexo procedimental ágil y coherente, orientado a la juridicidad, la razonabilidad y la transparencia. "Sobre la base de aquella experiencia, la ley procura consolidar legislativamente dichos avances, brindando mayor seguridad jurídica y previsibilidad en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía".
La nueva ley se nutre de las disposiciones de la Ley Nº 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, que establece los principios de innovación, transparencia activa, simplificación normativa e interoperabilidad estatal. Esta norma -impulsada por la actual gestión- impulsó la reingeniería de los procedimientos administrativos y la digitalización de los trámites, reconociendo la validez jurídica de instrumentos como la firma digital, el expediente electrónico, el domicilio digital y las comunicaciones oficiales electrónicas, en consonancia con las nuevas exigencias del gobierno digital.
En el marco de los avances hasta llegar a la Ley de Procedimiento Administrativo se menciona el Decreto N° 191/2024 que creó el programa "Territorio 5.0" y aprobó el ecosistema de gestión digital Timbó, que constituye el sistema documental integral del Poder Ejecutivo provincial.
Luego, el Decreto Nº 496/2025 instituyó el Programa Simple, destinado a la simplificación y desburocratización de la Administración Pública Provincial, con el propósito de reducir complejidades, eliminar requisitos innecesarios y optimizar la gestión interna mediante el uso de tecnologías digitales.
La nueva ley engloba todos esos decretos bajo un mismo marco jurídico, orientando la actuación administrativa hacia la eficiencia, la transparencia, la interoperabilidad y la tutela efectiva de los derechos de las personas.
El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, dijo que la nueva ley "constituye un paso decisivo hacia la consolidación de un Estado inteligente, eficiente y garantista".
"La actividad administrativa en general y sus procedimientos se deben desarrollar conforme a los principios generales de juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, buena fe, transparencia, simplificación, desburocratización, confianza legítima y buena administración" señala el artículo 2, corazón de la norma.
Además subraya que el el procedimiento administrativo debe observar los siguientes principios: tutela administrativa efectiva, debido procedimiento, pronunciamiento expreso y en plazo razonable, economía procedimental, impulso de oficio, verdad material, atenuación del rigor formal en favor del particular y gratuidad.
A su vez habilita el uso de sistemas de inteligencia artificial con fines asistenciales, instrumentales o de apoyo sin necesidad de una norma habilitante expresa, siempre que no se empleen para adoptar decisiones automatizadas que impliquen la sustitución del criterio humano decisorio y se respeten plenamente las normas de protección de datos personales.
La nueva norma tiene 40 artículos y en los últimos regla el funcionamiento de audiencias públicas y la participación de usuarios y consumidores en los diferentes trámites ante el Estado.
Pliegos para MPA
El Poder Ejecutivo envió pliegos para la designación de fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio Público de la Acusación para la Circunscripción Judicial Nº 1 en las últimas horas habilitó el tratamiento en Extraordinarias de esas propuestas.
Aclara el Poder Ejecutivo que los postulantes para quienes se solicita el acuerdo legislativo fueros propuestos por el Consejo de la Magistratura por una resolución del 11 de marzo de este años.
Los propuestos para fiscales adjuntos subrogantes son Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.
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