A la Cámara de Senadores de Santa Fe ingresó un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que aspira a producir "un cambio de modelo" en las respuestas de la administración y del Poder Judicial frente a la violencia de género. Entre otros aspectos, impide que los jueces puedan declararse incompetentes frente a denuncias al respecto, y los obliga a actuar de modo urgente.
Mensaje del gobernador Pullaro
Un proyecto de ley busca que ningún juez pueda apartarse ante la violencia de género
El Senado discutirá una norma de alcance integral, de 89 artículos. En palabras de los funcionarios de la Casa Gris que la redactaron se evitará que los jueces ante la urgencia de los casos puedan decir: "a mí no me toca" por su competencia. Contiene muchas más acciones de prevención.
La iniciativa que comienza a tener estado parlamentario este jueves 15 de octubre, tiene un carácter integral y contiene 89 artículos que buscan dar vuelta un mecanismo que se describe como "reactivo" ante las denuncias por otro "dinámico" y de prevención.
En los fundamentos del texto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, se explica que hoy el modelo es "predominantemente reactivo" y que debe mutar "hacia un sistema integral y dinámico de gestión del riesgo".
Se busca que se apoye en los principios de "tutela judicial efectiva, prevención, actuación oportuna, debida diligencia reforzada, proporcionalidad, no revictimización, mínima afectación de la persona protegida y especial protección de niñas, niños y adolescentes".
Otra característica de la norma en debate es que en todo el mensaje no figura la palabra "derógase", tan común a las reformas. Aquí en cambio se trata de agregar "más herramientas".
Los considerandos y el artículo 82 expresan que "el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección" y "cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias".
Respecto de los magistrados, el 26 crea la "Actuación Urgente" como obligación para los magistrados. Establece que "para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección" será "competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo".
La intervención prevista en este artículo "tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia". Y sigue: "Adoptadas las medidas, el juez remite sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese".
El mensaje fue presentado el mes pasado por el ministro Cococcioni y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini, quien explicó en una entrevista con El Litoral que "se excluye expresamente la mediación y la conciliación" como formas de resolver los casos.
Para "evitar la fragmentación de la atención estatal, se crea un Registro digital único, que va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo y es interoperable", es decir, que el organismo que reciba a una persona víctima de violencia de género "pueda ingresar y ver qué actuaciones hay sobre ella o sobre el agresor", indicó.
El proyecto, añaden los fundamentos, "incorpora asimismo el principio de mínima carga procesal, de modo que la intervención estatal no reproduzca sobre la persona protegida cargas, reiteraciones o exigencias innecesarias".
"La ausencia de patrocinio letrado -sigue- no impide el acceso al sistema ni la adopción de medidas urgentes; la incompetencia territorial o material tampoco obsta a que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente adopte las medidas indispensables para neutralizar el riesgo".
La iniciativa "incorpora además una dimensión material de la protección mediante la creación de un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a solventar necesidades inmediatas directamente vinculadas con la seguridad".
"Traslados, alojamiento transitorio, medidas de seguridad domiciliaria o comunicaciones" se cubrirían con esos recursos de disponibilidad inmediata.
"El proyecto procura, en definitiva, consolidar una política pública que permita anticipar el riesgo en lugar de limitarse a reaccionar frente al daño consumado, integrar las capacidades estatales actualmente distribuidas, individualizar las respuestas, controlar efectivamente las medidas dispuestas y adaptar su intensidad a la evolución concreta de cada situación", dice el mensaje.
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