Andrea Travaini, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, ofreció detalles del proyecto de ley de Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género que presentó días atrás junto con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Cuáles son las claves del proyecto provincial para prevenir y atender la violencia de género
Trabajo en territorio, protocolo para los equipos de salud y cambios en la intervención de la Justicia. Además, la carga de la prueba sobre el agresor, la palabra de la víctima y facultades ampliadas para los jueces.

Son más de 90 artículos que involucran, para la funcionaria, un cambio de modelo respecto de la actual forma de atender un flagelo en aumento.
En los próximos días ingresará para su debate a la Legislatura santafesina.
— ¿Por qué es un cambio de modelo?
— Lo que ocurre hoy es que el modelo es reactivo, porque la Justicia y muchos de los organismos intervienen cuando el hecho grave ya ocurrió. Lo que se propone es que se actúe ante un hecho o algún indicio por parte de la mujer de una situación inminente de violencia. Se busca un modelo integral y dinámico para gestionar el riesgo, y que podamos abordar a partir de esta ley tanto la prevención y la detección temprana como la protección y la asistencia, que muchas veces no van de la mano porque, en general, los organismos trabajamos en compartimentos estancos.
— Cuando se habla de un “hecho grave” ya se trata de un femicidio. ¿Cómo se puede prevenir la violencia de género?
— Como primera estrategia, prevención es todo lo que podamos hacer en los territorios con relación a la detección temprana, la orientación de los equipos y la difusión. Eso es lo primario, porque necesitamos que las mujeres puedan identificar cuáles son los distintos tipos de violencia y si ellas o sus entornos están pasando por alguna situación.
Y después, lo que creemos importante es incorporar una evaluación del riesgo desde la primera escucha, desde la primera actuación de los equipos. En el artículo 14 del proyecto de ley incluimos varios indicadores y todos son importantes, pero destaco uno que a veces no es tenido en cuenta y es la percepción de peligro expresada por la propia mujer. Para la escucha de los equipos de primer nivel (municipios), hospitales y centros de salud, ese indicador de riesgo es fundamental.
— ¿Están capacitados los equipos de salud, educativos, sociales, de territorio, de justicia para detectar estos factores de riesgo y para entender que la mujer está advirtiendo sobre una situación de peligro?
— La ley nombra estos factores y diría que los equipos los tendrían que tener a su lado para mirarlos todo el tiempo: están desde la amenaza de muerte, separación actual, persecución, armas, todos especificados.
Hay muchos operadores de territorio que están capacitados y estamos trabajando con los equipos de salud a partir de la aprobación de un protocolo para la detección de situaciones de violencia de género. El protocolo fue firmado por ambas ministras, tanto por Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) como por Silvia Ciancio (Salud). A partir de ahí se están haciendo capacitaciones virtuales y una instancia esencial de trabajo sobre situaciones concretas.
Ya cerró la primera cohorte y está abierta la segunda. Se están haciendo trabajos muy intensos para que los equipos tengan las herramientas que necesitan a la hora de detectar y abordar una situación de violencia de género.
— Otra novedad que trae el proyecto de ley, que es del área de Seguridad y Justicia, es la intervención judicial universal; es decir, que cualquier tribunal puede intervenir en una situación de violencia de género.
— Lo que se busca es que nadie pueda decir: "A mí no me toca”. Todos los jueces tienen un rol activo y facultades ampliadas, y pueden tomar una medida para proteger a la mujer; después seguirá el juez competente. Si existe una urgencia, se tiene que tomar una medida de protección inmediata.
Además, cuando se toma una medida el juez también debe disponer en relación a las situaciones conexas, por ejemplo, alimentos, régimen de visita, exclusión del hogar, entre otras. Porque si no lo que ocurre es que esas cargas recaen en la persona protegida que es la víctima de violencia.

A esas medidas sumo la de controlar al agresor y otras diligencias que hoy cumplen las propias mujeres.
— Como la notificación, sobre la que hacían hincapié en la presentación del proyecto.
— Exactamente. Hace 20 años que trabajo en violencia de género y venimos planteando quién es el responsable de esa tarea. Con esta ley queda expresado que no la tiene que hacer la mujer, sino que es un problema que tiene que asumir el Estado.
— ¿Por qué este proyecto de ley en este momento? ¿Porque preocupa el aumento de femicidios en la provincia?
— El proyecto tiene más de 90 artículos y no se empezó a trabajar recién ahora, sino que ya lo veníamos haciendo. Por un lado, se hacían reuniones de evaluación con el Ministerio de Justicia y Seguridad en relación al uso de las tobilleras duales y otras cuestiones vinculadas a la violencia de género. Y por el otro estaba nuestra percepción al recorrer el territorio y estar en contacto con los gobiernos locales.
También va de la mano de la cantidad de femicidios que tuvimos en el último tiempo y que no podemos negar.
Por otro lado, al haber bajado los homicidios o las muertes por otras causas, se puso más atención en otros tipos de violencia. Entonces, nos pareció oportuno acelerar estos tiempos en los que veníamos trabajando en la ley, presentarla ahora, ponerla a disposición de la Legislatura para que la trate y a partir de ahí poner en marcha lo que se pueda de manera inmediata, entendiendo que hay otras cuestiones que van a requerir de más tiempo de trabajo.

—¿En algún punto la ley se cruza con el área de Educación, por ejemplo, para abordar la violencia de género en las escuelas a través de la ESI?
— Habla de medidas de prevención. Una cosa es lo que plantea la ley y otra el trabajo que tenemos que seguir haciendo, tanto desde la secretaría como de los distintos ministerios.
Este es un sistema de protección integral del que forman parte muchos eslabones. Necesitamos que todas esas piezas estén coordinadas a la hora de una acción en la tarea de promoción, de prevención, atención y protección.
— ¿Con el Poder Judicial fue debatido el proyecto? Porque incorpora cambios profundos.
— Se enviará a la Legislatura y a partir de ahí empezarán a funcionar las distintas mesas de trabajo.
— Hace 20 años que trabajás en el tema de violencia de género. ¿Retrocedimos?
— Primero, siempre entendimos que muchas de las situaciones que trabajamos requieren de cambios estructurales y culturales que llevan tiempo. Está claro que ese progreso en adquirir derechos y visibilizar determinados temas tuvo un retroceso en los últimos tiempos al intentar establecer que la violencia de género no existe, intentar eliminar la figura de femicidio del Código Penal.
Son retrocesos que se plasman en lo cultural, pero también en lo cotidiano. Porque la realidad es que no tenemos ninguna política nacional que acompañe el gran esfuerzo que hacen las provincias para sostener las políticas sociales y el acompañamiento técnico y financiero a municipios y comunas para trabajar estas situaciones.
— Esta iniciativa se da de cabeza con el proyecto de ley de falsas denuncias que termina poniendo en cuestión la veracidad de las situaciones de riesgo.
— Acá, primero se cree y se protege, y después se avanza. Esa es la consigna bajo la cual estamos trabajando. Además, es importante aclarar que esta ley no suplanta a ninguna otra (la nacional y la provincial en materia de violencia de género), sino que suma más herramientas. Hay un artículo bien claro que dice que cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias de sus competencias.
— ¿En todo el territorio provincial se está trabajando con la misma línea e igual compromiso en este tema?
— Tenemos un trabajo cotidiano con municipios, Por supuesto que a lo largo y a lo ancho de provincia hay distintas realidades territoriales. Algunos equipos tienen mucha experiencia en este trabajo, y otros tienen el mismo compromiso, pero quizás les falte acompañamiento y apoyo.
Como organismo provincial, somos un equipo de segundo nivel de atención, pero trabajamos todo el tiempo para cuando se necesita algún recurso que el municipio no tiene y también para pensar las distintas estrategias. Hay un acompañamiento financiero que es importante, pero también técnico desde la Secretaría.
— ¿Qué otros aspectos del proyecto considerás necesario remarcar?
— Esta ley excluye expresamente la mediación y la conciliación. Además, para evitar la fragmentación de la atención estatal, se crea un Registro digital único, que va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo y es interoperable; de manera que el organismo que reciba a una persona víctima de violencia de género pueda ingresar y ver qué actuaciones hay sobre ella o sobre el agresor.
También, se crea un Equipo interdisciplinario para el seguimiento de las medidas judiciales y las revisiones de las medidas tomadas. Y se crea un Fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas.
Lo que hacen todas estas medidas es robustecer y crear por ley herramientas que hoy tenemos, pero que ahora van a lograr más fuerza.









