“Las y los radicales reunidos este 4 de agosto en todo el país expresamos nuestro más enérgico rechazo al dictamen del Senado de la Nación que modifica el Código Penal, así como a las nuevas modificaciones que circulan extraoficialmente, destinadas a agravar injustificadamente las penas de los delitos de falsas denuncias y falso testimonio”. Así comienza el documento que se conoció el martes, el mismo día en que se reunió la comisión Banca de la Mujer en la Cámara alta, que preside Ana Marks (Bloque Justicialista) para analizar, precisamente, este proyecto de Carolina Losada junto a especialistas.
Proyecto de Losada
Contundente rechazo del radicalismo nacional al dictamen sobre falsas denuncias
En un documento establece que la propuesta debilita “el acceso a la justicia” y retrocede “en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país”. “El verdadero problema son las denuncias que siguen silenciadas”, advierte.
En un encuentro que tuvo lugar en el Comité Nacional de la UCR se realizó un panel del que participaron el abogado Ricardo Gil Lavedra, los presidentes de Franja Morada y Juventud Radical, la diputada nacional Inés Zigaran, el diputado nacional Pablo Juliano e Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta del comité nacional.
Para los “radicales en defensa del acceso a la Justicia”, tal la denominación que precede el texto, “lejos de fortalecer el sistema, estas propuestas constituyen un nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país”.
La Unión Cívica Radical “ha sido protagonista en la construcción del sistema argentino de derechos humanos. Su aporte fue decisivo para que la reforma constitucional de 1994 otorgara jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales que los consagran”.
En esa línea y “en coherencia con ese compromiso histórico, impulsó leyes y políticas públicas fundamentales para la protección integral de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, así como para la prevención, sanción y erradicación de las violencias”.
Con esa misma convicción, el partido advirtió en ocasión del #3J - Ni Una Menos “sobre los riesgos de las iniciativas orientadas a desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la justicia, en consonancia con las alertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén Do Pará y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.
“Lamentablemente, esas advertencias no fueron escuchadas”, señala.
Un “fenómeno marginal”
Las nuevas modificaciones que se pretenden introducir al dictamen, “no sólo insisten en esa orientación errónea, sino que profundizan sus consecuencias”. “Aunque ya no mencione expresamente las denuncias por violencia de género, mantiene el mismo efecto intimidatorio sobre quienes recurren al sistema de justicia para denunciar hechos de violencia, especialmente mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes y profesionales y peritos que buscan proteger sus derechos”.
“Las falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal dentro del sistema penal argentino, tal como surge de los relevamientos del Observatorio de Violencia de Género de Ministerios Públicos”, argumenta el partido centenario.
En cambio, “los femicidios, las violencias por motivos de género, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes continúan representando una realidad alarmante, agravada por el enorme subregistro de hechos que nunca llegan a la justicia”.
Para cerrar, advierte que “el verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas”.
El documento lleva numerosas firmas, incluida la de la santafesina Alicia Tate.
Debate en el Senado
El martes se reunió la Banca de la Mujer, una de las comisiones del Senado que analizó precisamente este proyecto de ley.
Por allí pasaron especialistas en Derecho de Familia, investigadoras, ex magistrados y también víctimas de violencia de género. Fue el caso de la jugadora de fútbol profesional Luana Muñoz quien, junto a varias colegas denunciaron ante la Fifa a su entrenador por presunto acoso sexual. Junto a ella se ubicaron la periodista Agustina Vidal que investigó el caso, y la abogada que las representa.
Sin presencia del oficialismo que compone la comisión, hubo coincidencia en el carácter “inconstitucional y anticonvencional” del proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y propone modificar el Código Penal para agravar las penas por falso testimonio, falsa denuncia y encubrimiento.
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