Chialvo se reunió con diputados por el caso de la menor violada por el padre

Funcionarias de tres carteras del Ejecutivo provincial encabezadas por Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia recibieron a una delegación de la Cámara de Diputados encabezada por la justicialista Lucila De Ponti, titular de la Comisión de Género, Mujeres y Igualdad. El encuentro -como informaba El Litoral- surgió a través de una carta al gobernador Omar Perotti enviada por la comisión pidiendo una serie de precisiones acerca de la actuación del Poder Ejecutivo en el caso de la niña de 12 años embarazada producto de una situación de abuso intrafamiliar en una localidad del departamento Castellanos. La menor y la madre había hecho público ante autoridades del Ejecutivo de la voluntad de interrumpir el embarazo y en el medio se dio la intervención de la organización Grávida con el objetivo de impedir que se llevara a cabo el procedimiento.

Chialvo estuvo acompañada por funcionarios de su cartera así como del Ministerio de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad en cuyas dependencias se hizo la reunión. De Ponti le dijo a El Litoral que los funcionarios dijeron haber actuado siguiendo todos los alcances de la ley y los protocolos vigentes en la materia.

La comisión había enviado una nota con cuatro puntos sobre los que pretendía tener respuesta desde el Ejecutivo y sobre ellos versó la reunión. Chialvo les señaló que hasta el momento no tienen comprobado que la filtración de la situación de la menor haya surgido de las oficinas públicas. Se admitió que había intervención del estado provincial y de la comuna correspondiente ante la denuncia de violencia familiar que estaba radicada ante la justicia en la ciudad de San Jorge. La situación de abuso recién se conoció en noviembre, se precisó.

"Es prioridad desde todos los organismos del estado y desde el sistema de justicia penal, se conozca el protocolo acelerar su aplicación ante las denuncias por abuso sexual o violencia de género" pidió la diputada Mónica Peralta al retirarse del encuentro. "Es importante que sigamos trabajando en la prevención, y para esto insistimos en la plena implementación de la ESI y seguir impulsando campañas de concientización para toda la sociedad civil" acotó para luego considerar fundamental "que los medios de comunicación cuenten con editoras con perspectiva de género para no estigmatizar a mujeres en esta situación. La solución es colectiva e interdisciplinar".

Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) que no integra la Comisión pero participó del encuentro dio algunos detalles de la reunión. "Evacuaron las preguntas, relataron el proceso de intervención. Desde julio el Estado estuvo interviniendo por denuncia de la madre por violencia de género. El abuso aparece en noviembre" señaló.

Chialvo insistió en informar que presentaron ante la Justicia penal toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida. "Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña", decía el escrito del Ejecutivo. Ahora es la justica la que debe determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito.

Los funcionarios del Ejecutivo confirmaron que no hay convenio alguno con la casa Betania donde estuvo alojada la menor en los primeros días del año.

Varios de los legisladores participantes dijeron tener la impresión de que la justicia de San Jorge no estuvo a la altura del hecho.