El Gobierno de Javier Milei vetó el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
A través del Decreto 647
Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario
El titular del Ejecutivo firmó el rechazo a la totalidad de la Ley Nº 27.795 sancionada por el Congreso que establece incremento de partidas para las Universidades Nacionales y fondos para la recomposición de los salarios docentes y no docentes.
La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado en la tarde-noche de este miércoles en el Boletín Oficial, y representa un rechazo total a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y la oposición parlamentaria que había impulsado la norma. Se estimaba que tras la ratificación del veto se produzcan nuevas manifestaciones de parte de las universidades ante los recortes presupuestarios para con el sector educativo del nivel superior.
El texto completo
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
Claves del proyecto vetado
El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:
La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:
Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
- Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
- Garantizar la formación continua.
- Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar recursos para tecnología digital.
- Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
- Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
- Promover la función de extensión universitaria.
- Desarrollar la función de investigación.
- Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
- Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
- Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
- Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
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