Mientras el Gobierno sigue preparando el ambicioso paquete legislativo para diciembre, un trascendido generó ruido en la agenda pública.

Una versión sobre la supuesta intención del Gobierno de eliminar el monotributo como parte de la reforma tributaria desató reacciones en cadena. Milei habló de “operaciones de delincuentes”, Adorni pidió “no decir cosas que no son” y opositores advirtieron que detrás de la medida habría compromisos con el Fondo Monetario.

Mientras el Gobierno sigue preparando el ambicioso paquete legislativo para diciembre, un trascendido generó ruido en la agenda pública.
Todavía sin indicios oficiales sobre el contenido de la reforma laboral y tributaria que tiene previsto enviar junto al Presupuesto para tratar en sesiones extraordinarias, la versión de eliminar el monotributo generó ruido mediático, reacciones de la oposición y obligó a una reacción presidencial.
Entre acusaciones cruzadas, enojo presidencial, advertencias opositoras y desmentidas oficiales, la discusión se instaló en una agenda que ya venía cargada con expectativas por la reforma laboral y tributaria que el Gobierno piensa enviar al Congreso en diciembre.
La chispa se encendió tras una nota publicada el miércoles por Clarín donde afirmaba que el Gobierno les habría comunicado a empresarios que estudia eliminar el Monotributo y bajar el piso de Ganancias como parte de la reforma tributaria. Esa sola idea alcanzó para que se abra un profundo debate en redes sociales sobre el costo fiscal, la formalidad laboral y la ingeniería política del oficialismo en vísperas del recambio parlamentario.
Según el trascendido periodístico, la reforma fiscal incluye derogar el monotributo y promover la transición obligatoria al régimen general. La jugada formaría parte de una estrategia mayor para “formalizar el mercado laboral” y ordenar el sistema tributario con incentivos puntuales: mayores deducciones en Ganancias, ajustes en la base imponible y un nuevo esquema de obligaciones para trabajadores independientes.

El trasfondo se vincula con un pedido que el FMI había realizado en el staff report de abril cuando Argentina alcanzó un nuevo programa de Facilidades Extendidas. El organismo internacional insistió en aquella oportunidad en “armonizar la alícuota del monotributo y mejorar la transición de pequeños contribuyentes hacia el régimen general”, criricando que el régimen simplificado “erosiona la base tributaria”.
En ese marco, se deslizó que el Gobierno buscaría ampliar Ganancias con más deducciones, lo que generaría mayor solicitud de facturas —por la vía de la formalización— y compensaría la salida del régimen simplificado. Claro: eso implicaría, para ciertos segmentos, que más contribuyentes queden alcanzados por el impuesto.
Dando cuenta que el tema escalaba en la discusión pública generando preocupación, el Gobierno salió a enfrentar la versión sin medias tintas, con irritación evidente y apuntando directo a los medios.
El primero en hablar fue el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su primera conferencia desde su nuevo rol, pidió enfáticamente no dar por ciertos los trascendidos.
En Casa Rosada y sin preguntas habilitadas a los cronistas acreditados, dijo: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial no digan cosas que no son”.

Adorni reclamó que se tomen como “falsas o inexactas” todas las afirmaciones sobre medidas no anunciadas y recordó situaciones anteriores: “Nos pasó con el acuerdo con Estados Unidos, nos pasó con el swap, nos viene pasando con un montón de cuestiones”.
Luego fue el propio presidente Javier Milei quien salió a desmentir la noticia. “Es una mentira inventada por los medios para generar ruido”, lanzó en una entrevista con el canal de streaming Neura.
El mandatario habló de “operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, de “aberraciones inventadas” y de un supuesto ánimo de “ensuciar al Gobierno”, motivadas por la decisión de cortar la pauta oficial. “Los medios son enemigos del Gobierno”, recalcó.
Por último, Milei afirmó que los equipos técnicos están trabajando en la reforma tributaria y la modernización laboral, pero que “los proyectos van a estar cuando tengan que estar”. En esa línea, pidió “bajar la ansiedad” y dijo que él es “la principal fuente de información” en lo que al Gobierno respecta.
Desde la oposición no dejaron pasar la oportunidad y pusieron el foco en el eventual compromiso asumido con el FMI detrás de cualquier intento de eliminar el monotributo.
El entrerriano Guillermo Michel, especialista en derecho tributario y exdirector de Aduanas, fue de los más contundentes: dijo que el tema “no surge de una necesidad tributaria local, sino de un requerimiento del organismo internacional”.

“Está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”, advirtió. Y agregó: “El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo. Quiere el régimen general para recaudar más”.
Otro que se sumó fue el diputado santafesino Esteban Paulón, quien alertó que la eliminación del régimen “alentará la informalidad laboral y arrojará a millones de trabajadores fuera de la cobertura de obras sociales”. El socialista dijo también: “Parece que el objetivo de las reformas no es la formalización, sino la precarización”.
Al margen del debate periodístico, la discusión puso en escena el salto que implicaría el monotributo al régimen general tanto en términos económicos como administrativos.
A modo de ejemplo se citó que un monotributista de categoría A paga actualmente $37.085 mensuales y accede a cobertura previsional, obra social y simplificación impositiva.
De pasar al régimen general, ese mismo contribuyente debería afrontar alrededor de $82.000 en concepto de jubilación de autónomos, contratar una medicina prepaga para mantener cobertura de salud, comenzar a tributar Ganancias e IVA con la obligación de presentar declaraciones juradas, además de inscribirse y pagar Ingresos Brutos a nivel provincial y tasas municipales por separado, todo bajo un esquema con muchas más exigencias formales, contables y administrativas que el régimen simplificado.