En el Poder Ejecutivo de Santa Fe se ultiman detalles para remitir -antes que finalice el mes- un paquete de pliegos con candidatos a cargos de jueces en distintos distritos judiciales de la provincia y de una decena de defensores del sistema público penal. La decisión fue analizada el pasado lunes por el gabinete en reunión que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro.
Nuevo reclamo de la Corte Suprema de Justicia
Antes de fin de mes, el Poder Ejecutivo enviará pliegos de jueces a Legislatura
Serían 55 los propuestos para ocupar las casi 100 vacantes actuales. El tratamiento legislativo sería una vez finalizada la Convención Reformadora de la provincia.
En estos días, en el Boletín Oficial se publicaron listas de aspirantes en varios concursos como también se difundieron decretos de rechazo a varios concursantes que habían objetado e impugnado decisiones del tribunal de selección constituido en el Consejo de la Magistratura.
El tema de las vacantes motivó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a principios de este mes. "Dirigirse al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados a la más pronta cobertura de las vacantes actuales o que se produzcan en el futuro inmediato de este Poder Judicial", expresa la resolución firmada por Roberto Falistocco y los restantes seis ministros de la Corte, más el Procurador General, Jorge Barraguirre y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.
En los considerandos, expone la Corte los pronunciamientos anteriores sobre el tema que datan de fines de 2018. "En lo que ahora resulta, interesa oportuno destacar que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con 99 vacantes definitivas de magistrados".
Un ministro de la Corte le recordó a El Litoral que desde noviembre de 2022 no jura un nuevo juez para ocupar una vacante. En ese lapso de tiempo, la Corte sólo le tomó juramente a autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio de la Defensa; a fiscales, a defensores y a la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Precisamente, los tres magistrados de ese tribunal fueron los únicos pliegos de jueces aprobados por la actual Legislatura. Por eso, el ministro vocero señaló que desde fines del 2022 no se cubren vacantes.
En tanto, el Consejo de la Magistratura terminó los varios concursos que tenía en marcha, y en los últimos días publicó los decretos de rechazo a impugnaciones que presentaron varios de los participantes en esas instancias selectivas. Se trata de concursantes para el fuero penal y también el civil y comercial donde se produce la mayor cantidad de vacantes actualmente.
El tema concursos y cobertura de vacantes ocupó parte de la reunión de gabinete del pasado lunes donde expusieron sobre el tema el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El informe precisó la marcha de los concursos y un mapa de las vacantes. También se informó sobre conversaciones con ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes expusieron las prioridades dentro de las casi cien vacantes.
De la depuración entre la Corte y el Ejecutivo quedaron unos 43 lugares de inmediata necesidad de cobertura. El Ejecutivo estimó que serán 54 los pliegos a elevar en una primera etapa, varios de los cuales contemplará además defensores públicos que viene siendo reclamados por la titular del servicio, Estrella Moreno Robinson.
Post convención
En tanto, desde el Poder Legislativo se advirtió sobre la posibilidad de coordinar el tratamiento una vez finalizada la Convención Reformadora el próximo 12 de septiembre. Es que son muchos los legisladores que son convencionales y que se aprestan a entrar en la discusión definitiva del texto constitucional. Por ejemplo, la presidenta y el vice de Acuerdos son Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, ambos convencionales.
El tratamiento de los pliegos, según la Constitución vigente, tiene 30 días en Legislatura y si no son considerados quedan aprobados en forma ficta. El objetivo es darle tratamiento y por ende si ingresan en la segunda quincena de agosto, podrían ser considerados en Asamblea Legislativa después de la Convención.
Uno de los a debate en la Convención es el futuro cuerpo que se encargará de seleccionar a los candidatos a jueces, defensores y fiscales. En la letra chica aún no hay acuerdo e incluso son varios los bloques que entienden que no se debería llamar Consejo de la Magistratura. La Corte, en tanto, mocionó que se integre un Consejo presidido por la propia cabeza del Poder Judicial y dependiendo del organismo.
Más allá de la definición de la Convención, todo parece indicar que el organismo a crear en la Carta Magna necesitará una ley complementaria a ser dictada por la Legislatura. Entonces, los concursos finalizados y en manos del Poder Ejecutivo permitirán cubrir la mayoría de las vacantes producidas y a producirse en el Poder Judicial.
Nuevas demoras
La Corte Suprema de Justicia también se pronunció a principios de este mes sobre la demora del Poder Ejecutivo en la firma de decretos validando designaciones o ascensos de personal dentro del Poder Judicial, tema que tuvo una controversia el año pasado.
Ahora, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".
En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados, convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".
Aclara la Corte que, a la fecha, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial"
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