Pobreza: desactivar los "-ismos" para construir un horizonte común

Por Luciana Serovich (*)

La lectura que propongo a continuación parte específicamente de la sociología, disciplina científica a la que represento desde Sociología del Litoral Asociación Civil (Slac). El 31 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó nuevos valores que resonaron en las vísperas de Semana Santa: la pobreza afecta al 42%, la indigencia al 10,5%; el 57,7% de los niños (0 a 14 años) se encuentran por debajo de la línea de la pobreza; y el 49,2% de los jóvenes (15 a 29 años) es pobre.

Para proponer una lectura sociológica, retomamos distintos aportes de cientistas sociales. Las soluciones más comunes al problema público de la pobreza se han caracterizado históricamente por el aumento estatal de inversiones, ayuda social, educación, y obra pública, que procuran mejorar las condiciones de vida, pero no poseen impactos significativos en las brechas de desigualdad.

Por ejemplo, las consecuencias negativas de la pandemia se atenuaron gracias a este tipo de asistencias (como el IFE, ATP, entre otros). Sin embargo, tal como expresaron desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2021), refiriéndose a la pobreza, "el gasto social procura un alivio, pero no constituye una solución". En los últimos tres años, la creación de empleo en el ámbito privado fue casi nula, y sólo creció en cierta medida el empleo público. La falta de inversión, crecimiento, generación de riqueza y de buenos empleos para todos, provoca una reproducción estructural y acumulativa de la pobreza y la indigencia, que requiere de soluciones distintas a las que se vienen desarrollando hace décadas.

Específicamente con relación a la agravada situación de la niñez y adolescencia, el escenario actual es poco auspicioso para el desarrollo humano de la infancia: ésta no sólo se encuentra excluida económicamente, sino también y principalmente en educación, salud, y cultura desde sus inicios. Asimismo, en relación a la juventud, se carece de una política social y económica que construya consensos, genere empleo, y se enfoque en una de las poblaciones más golpeadas hace años.

La posibilidad de pensar un país que incluya a todos depende, entonces, de estrategias que se orienten a desarrollar verdaderas capacidades productivas entre las poblaciones vulnerables. No obstante, esto sólo podría ocurrir si se elaboran acuerdos generales que garanticen que el poder económico contribuya tributariamente a redistribuir y desarrollar tales capacidades, tal como establece Agustín Salvia (director del observatorio mencionado). Pero, ¿de qué manera podría suscitarse tal "acuerdo político" en una Nación que se caracteriza por insalvables pujas entre los distintos sectores del poder?

En este sentido, las consecuencias de la eterna "grieta" política obstaculizan el desarrollo de un impulso mancomunado y en la misma dirección, que nuclee a los distintos sectores -industria, agro, servicios, pymes, emprendimientos- y supere las brechas en cuestión. Juan Carlos Portantiero (Economía y política en Argentina: 1958-1973) definió hace 50 años este problema político como de "empate hegemónico", pues las distintas coaliciones políticas no logran imponer su proyecto, pero logran impedir que el otro desarrolle el suyo.

La emergencia económico-laboral requiere que se promueva la inversión y la creación de empleos, en grandes empresas como así también en pymes, y en el ámbito de la economía social. En el país contamos con la capacidad científica, las organizaciones sociales y los intelectuales comprometidos necesarios para hacer frente a esta redistribución de las capacidades productivas. El problema de la pobreza, entonces, no sería sólo de índole económica, mito que suele reproducir el sentido común cuando se habla de pobreza. Las dificultades serían más bien sociales, simbólicas, y principalmente políticas, pues la argentina carece actualmente de un bloque de poder que esté convencido de la posibilidad y necesidad de un verdadero "pacto redistributivo".

Un problema estructural, que a primera vista aparece como económico, y muy vinculado a la idea "de escasez", puede ser desnaturalizado y leído como un problema social y político, y más bien caracterizado por la consecuencia de los "excesos". En nuestro país, tal vez sea pertinente preguntarnos por cuáles son las características de nuestro régimen de bienestar (Esping-Andersen, 1993), por qué algunos tienen tanto, otros tan poco, y por qué razones no opera el proceso de redistribución.

La persistencia de políticas sociales que a largo plazo reproducen las desigualdades, y la ausencia de medidas de desarrollo que incluyan crecientemente a las poblaciones vulnerables, dan cuenta del silencio de las ciencias sociales en la construcción de estrategias políticas de igualación social que se ajusten a las características particulares que presenta la ciudadanía argentina. No todos los gastos estatales cuentan por igual en la construcción de sociedades más igualitarias.

La elaboración reflexiva de un Estado de Bienestar que proporcione recursos de poder para los trabajadores y, por ende, el ejercicio creciente de derechos sociales, requiere del trabajo conjunto de voces expertas y acuerdos políticos. Una interesante forma de desarticular la tendencia hacia los dogmatismos, propia de nuestro país, radica en dar voz a la investigación y el conocimiento que brindan las ciencias sociales, siendo la sociología una disciplina que tiene mucho para decir al respecto.

(*) Socióloga. Miembro de Sociología del Litoral Asociación Civil (Slac).