“La provincia de Santa Fe debe recuperar la potestad del dictado de normas en varias materias, especialmente sobre salud” señaló el diputado Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) al presentar un proyecto de ley sobre autonomía provincial en la gestión de la crisis epidemiológica por la pandemia Sars Cov 2. El legislador rosarino esperó, el pasado jueves, el momento de las manifestaciones en la sesión de Diputados para hablar sobre la iniciativa y advertir sobre los avances del gobierno central sobre el federalismo en el marco de esta situación de crisis, situación que no duda que se va a prolongar durante varios meses. “Hay una confusión enorme sobre facultades. Los intendentes y presidentes comunales ya no saben qué pueden hacer y qué no. Nos consultan permanentemente y me parece que debemos legislar para dejar en claro las competencias”, le dijo a El Litoral.
"La provincia debe recuperar la potestad de dictar sus normas"
Mayoraz advirtió que el tercero de los DNU dictado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia es el que empezó a avanzar sobre facultades de las provincias e incluso de municipios. El primero de los instrumentos fue especialmente para la compra de medicamentos; el segundo dispuso cerrar las fronteras y suspendió el transporte de pasajeros entre jurisdicciones y el tercero fue el que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio que todavía rige para determinadas zonas del país a partir de este último lunes.
“El marco jurídico que mejor garantiza el régimen federal de gobierno -y la correcta participación de las provincias en la elaboración de las políticas de salud pública- requiere de un verdadero federalismo de concertación. Un federalismo en el que se respete la autonomía de la Provincia de Santa Fe en el dictado de un marco normativo y que -en los límites de su competencia- le permita disponer sin injerencia alguna del Gobierno Federal, las medidas que estime más adecuadas para autorizar las actividades normales en su territorio, mientras la evolución epidemiológica así lo permita”. explicó. “Entendemos que los municipios son voces autorizadas para resolver en el marco de sus competencias la flexibilización de actividades, según protocolos de seguridad aprobados por el Ejecutivo provincial y atendiendo a sus particularidades. Mucho más en un contexto favorable en el que la ausencia de circulación del virus torna irrazonable muchas de las restricciones que hoy se les imponen. El proyecto de ley busca ser un aporte a la solución del problema, y seguramente será mejorado con el aporte de los demás diputados puedan hacerle. Pero no podemos demorarlo más. La sociedad reclama soluciones racionales, dentro de los límites de un Estado de Derecho”, le dijo a este diario.
Los alcances
La iniciativa girada a comisiones apunta a reafirmar la potestad del estado santafesino en materia sanitaria otorgándole las herramientas jurídicas necesarias para asegurar al estado provincial su administración, sin perjuicio de reconocer la potestad del Estado Federal que le correspondan en forma exclusiva y excluyente por mandato constitucional.
Así dispone que el Poder Ejecutivo -a través del ministerio de Salud- goza de todas las prerrogativas propias de evaluación, implementación, continuidad, suspensión y restablecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, así como de sus excepciones y demás medidas que propendan a reducir y mitigar los efectos de la pandemia mundial. En lo que respecta a materias cuya competencia sea concurrente entre las Provincias y el Estado Federal, la Provincia de Santa Fe evaluará con el Gobierno Federal y los organismos especializados de concertación federal la evolución de la crisis epidemiológica en el territorio provincial y coordinará las medidas a adoptar, todo en base al principio federal de gobierno. Además propone que la provincia delegue en municipios que hayan alcanzado la fase 4 del aislamiento, la gestión de la emergencia epidemiológica.
Las sucesivas prórrogas que el gobierno nacional fue estableciendo han ido debilitando la justificación que inicialmente gozaban las medidas adoptadas, no solo con respecto al aislamiento, sino también en relación a la errónea atribución del cuidado de la salud como una potestad inalienable del Estado nacional y la actuación de los gobernadores como meros agentes de aquél” Nicolás Mayoraz, diputado Somos Vida y Familia
Gratuidad en peajes
La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que disponga la gratuidad del paso de los trabajadores de la salud por las cabinas de peaje ubicadas en la autopista Santa Fe - Rosario y demás corredores provinciales. La iniciativa fue presentada por el diputado Fabián Palo Oliver (UCR). “En este contexto en el que nos ubica la pandemia, es necesario apuntalar y fortalecer el trabajo de quienes se encuentran en la primera línea de tareas, asumiendo el riesgo permanente para su salud física y mental. Desde el Estado nacional se ha dispuesto una ayuda económica y entendemos que desde el Estado provincial debemos avanzar en el mismo sentido, por lo menos, facilitando la circulación de los trabajadores de la salud, sean del ámbito público o privado”, explicó Palo Oliver. No dejó de recordar que “es una medida que ya ha adoptado el gobierno central, a través de Vialidad Nacional.
Cuestionamientos a una resolución de Educación
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Gabriel Real (PDP) donde se le solicita al Poder Ejecutivo que deje sin efecto la Resolución Nº 223 del Ministerio de Educación, que estableció un régimen extraordinario para el cumplimiento de la evaluación de áreas y de espacios curriculares pendientes en el año 2020 en el nivel secundario. Preocupa especialmente el punto 2 de la resolución, donde se argumenta la posibilidad para aquellos alumnos que luego de la evaluación de marzo, si adeudan hasta cuatro espacios curriculares, tengan la oportunidad de una instancia de recuperación.
“Tratamos de encontrar explicaciones racionales, es una medida inconsulta. Se han manifestado docentes autoconvocados y organizaciones gremiales. Esta política educativa empareja para abajo y no entendemos qué tiene que ver con la pandemia. Es contradictoria con el decreto vigente 181 del 2009, que es el régimen de evaluación, calificación, acreditación y promoción de alumnos”, explicó.
“La resolución ministerial no tuvo un trabajo para construir consenso con los docentes. Decimos que se trata de nivelar para abajo, se fomenta el atajo fácil para quienes no han podido cumplir con las mínimas responsabilidades como estudiantes después de haber tenido muchísimas oportunidades durante el año y en el marco del debido calendario escolar que reglamenta todas las oportunidades para rendir materias o espacios curriculares adeudados”, agregó Real.
