La presentación judicial fue realizada por los apoderados de la alianza, Leonardo Stangaferro, Florencia Giupponi y Juan Callegari, los días 22 y 23 de octubre, antes de las elecciones. La denuncia recayó ante un juez federal con competencia electoral en la provincia de Santa Fe y también fue elevada al Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) provincial. Se centra en la presunta administración fraudulenta e indebida de fondos, alegando que se utilizó dinero perteneciente a la ONG —cuyo objeto social es brindar ayuda y mitigar efectos de catástrofes— para financiar actividades de publicidad y propaganda propias de una campaña electoral de los mencionados postulantes.
Durante la campaña
Provincias Unidas acusa a Fuerza Patria por un supuesto manejo fraudulento de fondos de una ONG
La alianza electoral Provincias Unidas (PU) presentó una denuncia formal y detallada contra quienes fueron candidatos nacionales santafesinos del partido Fuerza Patria (FP), así como contra la directiva de la Asociación Civil 29 de Abril, ONG que -dicen los denunciantes- está involucrada en la maniobra.
Los acusados nominalmente son Caren Tepp, diputada nacional electa y cabeza de lista de Fuerza Patria; Oscar "Cachi" Martínez, quien ocupó el cuarto lugar en la nómina; Miriam Haydee Rebel, presidenta de la Asociación Civil 29 de Abril; Osvaldo Juan Barbieri, secretario de la asociación y
Pedro Medei, tesorero de la entidad y actual concejal peronista de la ciudad de Santa Fe.
Como respaldo de la acusación, Provincias Unidas adjuntó evidencia que incluye:
Un reporte que confirma gastos significativos en publicidad digital en favor de los candidatos y un registro de pago específico por un monto de $21.885.000 pesos destinado a publicidad en redes sociales. La denuncia subraya que este uso de fondos contraviene explícitamente el objeto social de la Asociación Civil, el cual no contempla actividades de índole político-electoral.
Además, el texto de la denuncia describe estas acciones como un "grave perjuicio al orden moral y al funcionamiento democrático" que abusa de la confianza depositada en la asociación civil. La utilización del andamiaje jurídico con el fin de financiar campañas con fondos de "dudosa procedencia" es calificada como "una acción reprochable en términos morales y jurídicos".
En respuesta a la denuncia, el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) de la provincia ya ha emitido una cédula para notificar a la Asociación Civil 29 de Abril sobre la apertura de un sumario administrativo. Este proceso busca investigar las denuncias relativas al uso de fondos institucionales con fines ajenos a los estatutos de la entidad.
Se ha otorgado un plazo perentorio de diez días hábiles para que la asociación presente la totalidad de sus estados contables, libros de actas, inventarios, balances y un detalle pormenorizado de todos los gastos de publicidad y difusión realizados entre los años 2022 y 2025.
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