El Ministro del Interior sigue buscando respaldos para la reforma laboral que se tratará en el Congreso en la continuidad de las sesiones extraordinarias durante febrero.

Con el objetivo de llegar con la ley lista para el recinto, el ministro del Interior profundizó su ronda de reuniones con mandatarios provinciales para sumar respaldos. Mientras la CGT también sale a hablar con mandatarios provinciales.

El Ministro del Interior sigue buscando respaldos para la reforma laboral que se tratará en el Congreso en la continuidad de las sesiones extraordinarias durante febrero.
Diego Santilli continuó este jueves el raid con gobernadores para construir consensos alrededor del proyecto “modernización laboral”. La foto más nítida se dio en Mendoza, con Alfredo Cornejo respaldando la iniciativa, y se completó con una escala en San Juan para reunirse con Marcelo Orrego. En la agenda inmediata aparece este viernes el encuentro con el pampeano Sergio Ziliotto; y el lunes, una reunión con el salteño Gustavo Sáenz.

La Casa Rosada busca de esta manera replicar la metodología que aplicó para el Presupuesto: viajar, acordar, ordenar el mapa del recinto y, recién después, dar la discusión. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, insistió Santilli luego del encuentro en Mendoza, y colocó el eje en que "un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad productiva y acompañar el crecimiento económico en todo el país".
En la Casa de Gobierno mendocina, Santilli y Cornejo coincidieron en la necesidad de “sostener una agenda de trabajo conjunta” entre Nación y provincia y, al mismo tiempo, en darle tratamiento a la reforma laboral en extraordinarias.
El gobernador radical la apoyó sin vueltas y la justificó con una lectura económica: “Creemos que es una reforma relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal. Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”.
Cornejo sumó, además, un matiz que funciona como puente con los sectores productivos: “Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”.

En paralelo, dejó planteada una lista de demandas a Nación definida como “urgente”, con foco en rutas y conectividad: la finalización de la Ruta 40 hacia San Juan, el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de dos puentes pendientes sobre la RN 40.
El gobierno, por su parte, pone el ojo en los respaldos legislativos. El oficialismo necesita sumar voluntades y en esa tarea está Santilli. A ello, Mendoza “aportaría” al proyecto, en principio, los votos de los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri, y en Diputados los de Pamela Verasay y Lisandro Nieri..
Por la tarde, Santilli viajó a San Juan para reunirse con Marcelo Orrego. Allí se abordaron temas vinculados al desarrollo provincial, la generación de empleo y la agenda legislativa nacional. Desde el gobierno sanjuanino anticiparon que también podría tratarse el avance sobre la Ley de Glaciares, un asunto sensible para esa provincia.
En términos estrictamente parlamentarios, la influencia de Orrego sobre los votos en el Senado aparece limitada: de los tres representantes sanjuaninos, dos responden a Unión por la Patria —Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro— y la tercera banca es del libertario Bruno Olivera Lucero. No es un dato menor en una negociación que se mueve por adhesiones medibles.

En la discusión con las provincias, apareció en San Juan un capítulo que sirve para entender el clima de las negociaciones, ya que el gobierno de Orrego evalúa tomar créditos internacionales para garantizar la finalización de obras estratégicas ante el freno de fondos nacionales, con un eje central en la culminación de la Ruta 40 Sur, clave para integración regional, transporte productivo y desarrollo económico.
En ese tironeo, un antecedente cercano dejó la reunión de la semana pasada con el chubutense Ignacio Torres, y la necesidad de reprogramar una nueva visita para seguir de cerca las consecuencias de los incendios en Epuyén y la zona de Los Alerces. Aun así, continuaron coordinando el despliegue de fuerzas nacionales en el lugar y Santilli se comprometió a girar fondos para acompañar la emergencia. Pero este miércoles, Torres sumó un pedido propio: que el Congreso incorpore la figura de “ecocidio” al Código Penal y establezca penas severas para incendios intencionales. En el ajedrez de apoyos, Chubut “aportaría” dos votos a la reforma laboral —los de la senadora Edith Terenzi y la de Andrea Cristina, legisladora del PRO.
Mientras Santilli recorre provincias, volvió a sonar la voz de la CGT. El cosecretario Octavio Argüello dijo que desde la central obrera están “hablando con gobernadores para que vayan entendiendo” que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei “no va a dar más trabajo y le saca derechos a los trabajadores”.
Argüello subrayó que “es una ley que hay que discutirla muy profundamente” y aclaró el punto de partida sindical: “Nosotros lo que venimos planteando hace tiempo es que no desconocemos que ha habido un cambio en el mundo laboral. Creemos que la reforma hay que tratarla siempre y cuando se logre que de más trabajo y trabajo digno”. Y remarcó el núcleo de la resistencia: “Hay que discutir cómo le damos trabajo con el nuevo sistema laboral, pero con derechos y coberturas”.
La advertencia escaló un tono cuando definió que, tal como está, “a esta ley le decimos que no rotundamente porque es una ley que va en contra de los derechos y de la dignidad de los trabajadores”. Para el cotitular de la CGT, “esta ley así como está presentada no tiene ningún sentido” ya que “no va a dar más trabajo” y, por el contrario, “va a precarizar más a los trabajadores”.
La central obrera, además, anticipó que la semana próxima tendrá una nueva tanda de reuniones con gobernadores. Argüello dejó una frase que funciona como línea roja, casi como consigna: “Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir la ley”. Y sumó una amenaza de judicialización: “Como está presentada la ley es totalmente judicializable”. El remate fue de calle: “Si no nos escuchan estaremos en la calle protestando”.