Una renuncia hace caer el jury contra el fiscal Campagnoli

DyN

La defensora María Cristina Martínez Córdoba, que integraba el jury contra el fiscal José María Campagnoli y estaba con licencia médica, presentó hoy su renuncia a ese tribunal, en un nuevo escenario que pone fin al juicio que estaba en marcha.

Ahora, la Defensoría General de la Nación sorteó un nuevo fiscal para ocupar ese cargo y fue elegido, entre 78 candidatos, Nicolás Toselli, defensor público ante Tribunales de primera y segunda instancia de La Plata.

Toselli, de 35 años, asumió hace solo dos semanas en ese puesto, tras pasar un concurso y ser designado por el Senado: se recibió como abogado en la UBA en 2003, pero desde 2000 ocupaba distintas funciones en la Defensoría General.

Toselli quedó así como titular de la representación de la Defensoría General, mientras que Leandro Miño -quien había sido convocado para reemplazar a Martínez Córdoba- continuaría siendo suplente.

Por lo pronto, hoy los fiscales que buscaban la destitución de Campagnoli -Marcelo García Berro y Adolfo Vitelli- recusaron a Martínez Córdoba -porque con su licencia impedía la continuidad del julio-, pero también a su suplente Miño.

Miño había firmado una de las notas impulsoras de Justicia Legítima, agrupación judicial oficialista, pero también es integrante de la Asociación de Magistrados, una entidad que en su momento repudió la suspensión de Campagnoli.

Se espera ahora que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público contra Campagnoli resuelva si, como se sospecha, que dará por caído el juicio y convocará a otro proceso. Para ello acordaron reunirse el próximo lunes, por la mañana, a puertas cerradas en la sede de la Procuración General, en Avenida de Mayo al 700 de esta capital.

Pero esta noche la defensa de Campagnoli ya anunció que el fiscal suspendido debe volver a su cargo porque no puede ser juzgado dos veces.

Al fiscal de Saavedra se lo acusa por mal desempeño y, entre otras acusaciones, se lo responsabiliza de haberse inmiscuido en una investigación que salpicaba al empresario Lázaro Báez y que, supuestamente, ya analizaba la Justicia federal. ‘Esto suma otra irregularidad más en esta cadena que sucede en los últimos días. A 24 horas de la sentencia es que aparece este principio de estrés de Martínez Córdoba en donde nosotros teníamos la sensación que era un voto favorable para Campagnoli. Ahora el tribunal ha suspendido la audiencia y no tenemos ningún horizonte de certidumbre. Y Campagnoli no puede ser juzgado de vuelta‘, sostuvo el abogado defensor Ricardo Gil Lavedra.

En diálogo con TN, Gil Lavedra enfatizó que ‘ya hemos presentado un escrito solicitando que se levante la suspensión de Campagnoli y que se lo restituya, porque muchas de las razones que se consideraron en su momento para suspenderlo ya no son vigentes‘.

Según indicaron a DyN fuentes del caso, Martínez Córdoba envió una nota a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para anunciarle la decisión de su dimisión a representar a ese organismo en cualquier jury del Ministerio Público que se sustancie durante los tres años que había sido nombrada.

Ocupando ese rol, a Martínez Córdoba le tocó intervenir en el caso contra Campagnoli por mal desempeño que impulsó la jefa de la Procuración, Alejandra Gils Carbó. En diciembre pasado, Martínez Córdoba votó por la suspensión junto a Daniel Adler (Procuración), Ernesto Kreplak (Ejecutivo) Rodolfo Ojea Quintana (Senado), mientras que se resistieron a esa medida Juan Octavio Gauna (Corte Suprema) y Francisco Panero y Adriana Donato (ambos abogados).

Esos mismos jueces llevaron adelante el jury que comenzó hace dos semanas, pero durante el debate los defensores de Campagnoli comenzaron a confiar en que Martínez Córdoba se opondría a la destitución por las pruebas y testigos que se habían escuchado en el debate. Hace exactamente una semana, cuando debían escucharse los alegatos, la Defensoría informó que Martínez Córdoba había sufrido un cuadro de hipertensión y arritmia que derivaron en licencia médica por una semana, que se renovó por 15 días. Ningún juicio puede suspenderse por más de diez días seguidos: de suceder, todo lo actuado se cae.