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La Ley de Exteriorización de Capitales, conocida como “blanqueo de capitales”, comenzará a regir a partir de mañana por 90 días, con el objetivo de que ahorristas puedan, ingresando dinero o inversiones en el exterior, declararlo y regularizar su situación frente al Fisco.
La ley 26.860 habilita el ingreso al país de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos.
A cambio, se deberá optar por la suscripción de dos bonos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade), que también cuenta con una versión denominada Pagaré.
Los Cedin tienen como objetivo resucitar la construcción y el sector inmobiliario luego del efecto que provocó en ambos segmentos el cepo cambiario, mientras que los Baade buscan captar fondos para obras de infraestructura en el sector energético, principal factor de desequilibrio de las finanzas públicas.
Los Cedin podrán ser transformados en dólares ante su sola presentación en una entidad bancaria, luego de que fueran aplicados a una operación de construcción o inmobiliaria. La garantía de cobro está dada por el Banco Central que administra un fideicomiso integrado por el ciento por ciento de los fondos exteriorizados.
Pero además, para potenciar su utilidad, el gobierno estableció que los Cedin podrán utilizarse como medio de pago para cualquier operación dentro de la economía, como, por ejemplo, adquirir una bicicleta, comprar un auto o un electrodoméstico.
De esta forma, los Cedin circularán libremente por la economía (mediante un sistema de endosos) y quedarán habilitados para ser transformados en divisa extranjera sólo después de que sean aplicados a una operación inmobiliaria.
Los Cedin tendrán cotización en el mercado secundario, con lo cual el gobierno aspira a que su rotación tenga efecto sobre el tipo de cambio y limite los movimientos del dólar <IC>blue<XC>.
La ley estará vigente hasta el 30 de septiembre pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar su vencimiento sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación. La norma fue cuestionada por la oposición desde el temor que los dineros a ingresar provengan de actividades ilícitas.
Ante la parálisis que se sufre, el sector inmobiliario apoyó la norma, pero todas las voces coinciden en que el éxito del plan radica en la cantidad de dinero que sea blanqueado. El gobierno tiene como expectativa conseguir al menos 4 mil millones de dólares, monto que ingresó al blanqueo que se realizó en 2009.