El Gobierno de Santa Fe resolvió este martes suspender todos los programas y líneas de acompañamiento vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la ciudad capital, luego de que integrantes de esa organización ingresaran por la fuerza en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
En la Costanera de Santa Fe
Provincia suspende los programas del MTE tras una irrupción violenta en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano
El Gobierno de Santa Fe suspendió los programas sociales vinculados al MTE en la capital provincial, luego de que manifestantes de esa organización irrumpieran de forma violenta en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Se evalúa iniciar acciones legales.
El episodio se produjo durante la mañana en el edificio ubicado en Avenida Almirante Brown, donde los manifestantes impidieron el normal funcionamiento del organismo.
Bloqueo, intimidación y repudio oficial
Según comunicó oficialmente la Provincia, los manifestantes bloquearon el ingreso y egreso del personal, generaron situaciones de intimidación hacia trabajadores y afectaron gravemente el funcionamiento institucional.
“El Gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia como mecanismo de presión para acceder a programas sociales”, señalaron desde la administración provincial.
Canales de diálogo, no coerción
Desde el Ministerio recordaron que existen canales de diálogo formales y permanentes para atender las demandas de organizaciones sociales, vecinos e instituciones. “Estas instancias seguirán vigentes para quienes se acerquen de forma pacífica y respetuosa”, agregaron.
La medida busca sentar un precedente institucional ante hechos que vulneren la convivencia democrática y la integridad de los trabajadores estatales.
Se analizan acciones judiciales
El Gobierno también informó que evalúa iniciar acciones legales contra los responsables de la irrupción, por considerar que hubo privación ilegítima de la libertad de circulación y obstrucción del funcionamiento de un organismo estatal.
El hecho quedó documentado en el propio Ministerio y generó una inmediata respuesta política, que apunta a garantizar el orden público sin interferencias violentas.
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