Luego de haber sido condenado a ocho años de cárcel por corrupción, el Gobierno hizo efectiva este martes la desvinculación de Sergio Urribarri de la embajada en Israel. El exgobernador de Entre Ríos había renunciado en abril pasado y aguardaba autorización para regresar al país.
Condenado por la justicia entrerriana
Aceptaron la renuncia de Urribarri como embajador en Israel
Un decreto presidencial autorizó el traslado del exgobernador, condenado a ocho años de cárcel por corrupción e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Este martes, en el Decreto 287/2022 del Boletín Oficial, que lleva la firma de Alberto Fernández y del canciller, Santiago Cafiero, el Gobierno confirmó que aceptó la dimisión de Urribarri “al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado de Israel, a partir del día siguiente de la publicación” de la normativa.
En el documento se aclaró Urribarri será trasladado “desde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” y que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35” de esa misma cartera.
La fiscal que lo investigó, Cecilia Goyeneche, fue destituida al mes siguiente, en principio por otra causa pero con grandes sospechas de parte de la funcionaria judicial de que sus averiguaciones y la remoción fueron de la mano.
Condena
Urribarri fue condenado el 7 de abril a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia entrerriana encontrara al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
El fallo que emitió la Justicia entrerriana, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. En el debate se puso bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015 y se lo acusó de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos.
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