El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, calculó en $ 65 mil millones los subsidios que pagará la Casa Rosada para abaratar el consumo de energía en el país. La evolución de esa cifra es la crónica de un problema anunciado, ya que los subsidios fueron $ 2 mil millones en 2005 y treparon a 26 mil millones el año pasado.
Con tarifas virtualmente congeladas por más de 10 en el caso de Capital y Gran Buenos Aires, las inversiones privadas se desalentaron. El gobierno nacional apuró obras por iniciativa propia (Atucha II, la culminación de Yacyretá, las centrales térmicas de Campana y Timbúes, otras como la de Sauce Viejo). Pero el parque de generación eléctrica también demanda en buena parte el combustible que la Argentina tiene en decadencia.
Entre 2003 y 2010, las reservas de petróleo cayeron 11% y las de gas 43%; no solamente no alcanzan para abastecer los inviernos locales, sino que tienen un horizonte de 7 años de consumo. Y se acaba si no hay nueva exploración.
Para cubrir lo que falta en lo inmediato, se importa gas natural licuado en barcos; eso cuesta entre 11 y 14 dólares por millón de BTU, hasta dos veces de lo que cuesta el escaso gas que llega desde Bolivia, con las incompletas promesas del gasoducto del Nordeste. Gas más caro, que desfavorece la balanza comercial y encarece más aún el esfuerzo de los subsidios.
Tanto las usinas térmicas como las industrias que se alimentan a gas, cuando éste escasea pasan a combustibles líquidos. Más caro para producir en ambos casos.
Cammesa, la controladora del mercado energético que maneja el Ministerio de Planificación, le debe a las usinas generadoras de energía eléctrica más de $ 29 mil millones en subsidios impagos. Y la cartera de Julio De Vido también adeuda una cifra no conocida a las petroleras por el subsidio al gasoil para el transporte; por eso ahora el ministro manda la plata a cada ciudad, porque el crédito de las petroleras se le ha cerrado.




