El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, dará a conocer el 26 de junio, a las 12, su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y las defensas de Alicia Benítez, asistida por Victoria Halle, y Néstor Kemerer, que fue defendido por Leopoldo Lambruschini.
Caso Cumbre del Mercosur
Gobierno de Entre Ríos: dos ex funcionarios pagaban viáticos por trabajos que no se realizaban
Así lo reconocieron durante un juicio abreviado que se realizó este martes. Se trata de la ex directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez, y del ex vice director, Néstor Kemerer. Benítez también admitió que viabilizó contrataciones por vía directa para distintas obras y servicios durante la cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014, que tenían sobreprecios.
Se les atribuye los delitos de Administración fraudulenta, en el caso de la Cumbre del Mercosur, que comprende sólo a Benítez; y Peculado negligente, en la causa por los viáticos en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que alcanzó a ambos en funcionarios de la DPV.
Benítez presentó una salida alternativa por dos hechos que tienen más de 10 años de sustanciación en un caso y ocho en el otro. El primero investiga el presunto pago de sobreprecios por obras y servicios contratados por vía directa mediante un Decreto del Poder Ejecutivo provincial en el contexto de la celebración de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.
También, junto a Kemerer, fue imputada por presuntos hechos ocurridos en la DPV en 2017, cuando se habrían pagado viáticos por comisiones de servicio que nunca se realizaron. El ardid fue descubierto por los relojes biométricos emplazados en la sede de la DPV, que registraron que los trabajadores estaban en la sede y no de comisión de servicios, tal el motivo por el que se pagaron los viáticos.
Las partes presentaron al juez la propuesta alcanzada en un juicio abreviado. Ambos se comprometieron a pagar sendas multas. En el caso de Benítez, serán dos montos: el primero será por el 20% de los supuestos sobreprecios pagados por las obras en la Vieja Usina, escuela Centenario, y servicios y refacciones varias. En este caso la suma es de 12.924.929 pesos.
En el segundo legajo, denominado Vialidad, serán 457.476 pesos. Benítez propuso pagar ambas sumas en seis cuotas iguales y consecutivas de 2.230.999, 35 pesos que se comenzarían a hacer efectivos, si se homologa el acuerdo, desde el 1 al 10 de julio.
Por su parte, Kemerer, solicitó pagar la suma de 667.499 pesos en dos cuotas en las mismas condiciones que Benítez. Kemerer registra una condena a prisión condicional que se le impuso por el uso de fondos de la DPV para la construcción de una escuela para los hijos de trabajadores viales de gestión privada. No obstante el antecedente, los fiscales precisaron que los hechos por los que recibió una condena fueron cometidos con posterioridad a los que se dirimen en este legajo.
Probation
En el legajo que investigó los presuntos pagos de sobreprecios en el Cumbre, también fueron imputados los empresarios de la construcción, “Miguel Marizza, en su triple carácter de presidente de la firma Caballi SA, representante de la Cámara Argentina de la Construcción en el marco del denominado Convenio de Colaboración para la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, y vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos; Néstor Ivan Szczech, como contratista y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos; Daniel Aníbal Hereñú, en su carácter de presidente de la firma Organización Industrial Construcciones SA (Oicsa), Rubén Grasso, en su carácter de socio gerente de la firma Cemyc SRL”, y Alicia Benítez “como Coordinadora General de las obras/servicios y provisión de bienes para la Cumbre del Mercosur”.
Así, en junio de 2022, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, homologó los acuerdos de juicio abreviado presentados por los empresarios y dispuso que entreguen a la Cooperadora del Hospital San Martín de Paraná; a la Cooperadora de la Escuela Hogar y a la Cooperadora del Centro de Salud Corrales de Paraná, 500.000 pesos a cada una; a la Cooperadora del Hospital San Roque de Paraná, y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná, la suma de 250.000 pesos. Además, a cada uno les impuso que abonen, en concepto de reparación económica al Estado provincial, la suma de 500.000 pesos.
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