El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista firmó una resolución en la que convocó a una asamblea de accionistas para el próximo 3 de julio y detalló la profunda crisis económica, financiera y operativa que atraviesa Vicentin SAIC, actualmente bajo intervención judicial en el marco de su concurso preventivo.
Convocatoria a nueva asamblea
Vicentin perdió más de U$S 4,5 millones en marzo y el balance de abril podría ser peor
El déficit operativo de la cerealera no hace más que aumentar el pasivo posconcursal. Así, se prolongan incumplimientos de haberes y pagos a proveedores. Suspensión de acuerdos de retiro anticipado y empleados fantasmas. Nuevos fazones a la vista.
El cónclave tendrá lugar en la sede administrativa de Avellaneda de la firma y estará presidida por el interventor Guillermo Nudenberg. La orden del juez concursal es que informe acerca de la situación actual de la sociedad con el fin de que los accionistas evalúen, propongan o autoricen alternativas para la viabilidad de la empresa, y sus distintas unidades de negocios, y sobre las deudas de empresas controladas, vinculadas y relacionadas directa o indirectamente, alternativas de cobro en dinero y/o en especie.
Asimismo, que se aborde la cuestión de la venta de activos ociosos o non core de Vicentin que no comprometan su negocio principal, tales como oficinas, silos, participaciones accionarias, etc., y se indague sobre los acuerdos desvinculatorios celebrados con posterioridad al 31 de agosto de 2024, más la gestión del directorio intervenido judicialmente y de la comisión fiscalizadora.
En una comunicación anterior, Lorenzini había sugerido el cierre de filiales sin actividad en el exterior, como Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, y la repatriación de fondos del exterior con los que podría contar Vicentin para afrontar sus compromisos cada vez más onerosos.
Paralización y pérdidas
El Dr. Fabián Lorenzini reflejó en su decisorio el informe recibido de los interventores respecto a la paralización en la que estuvo inmersa la empresa en los primeros meses del año, sin operar ni cumplir con pagos a proveedores ni empleados, y graficó que los directivos habían evaluado incluso cerrar sus plantas, lo que puso a la cerealera al “borde de la quiebra liquidativa”.
En ese detalle, se presentó la realidad desigual de las plantas industriales de la otrora agroexportadora. La planta de San Lorenzo, con capacidad de molienda de 370 mil toneladas/mes, no está operativa desde enero/febrero y genera pérdidas estimadas en U$S 2 millones mensuales.
En marzo de 2025 “los centros de San Lorenzo y Ricardone tuvieron un resultado negativo de U$S 3,9 millones, que aumenta por gastos de estructura”, reseñó el parte situacional, que puso de relieve que solo la planta de bioetanol en Avellaneda opera al máximo, aunque sus ingresos no compensan el déficit general. “Aunque esa actividad fue rentable -en U$S 558 mil positivos-, otras actividades la tornaron negativa”.
“El resultado económico preliminar de marzo arrojó un rojo de U$S 4.576.076, esperándose que sea superior en abril, con un capital de trabajo negativo y una deuda posconcursal estimada en U$S 32 millones al 31 de marzo, la cual sigue creciendo”.
Esto genera que la concursada se encuentra en una “situación de mucha debilidad frente al mercado; su estructura está sobredimensionada para su actual esquema de negocios, centrado exclusivamente en efectuar fazones a terceros, lo que trae aparejados resultados económicos negativos”, trazó el magistrado.
Endeblez
La endeblez descripta ameritó la adopción de medidas urgentes. En ese esquema, se destaca la solicitud -por parte de la intervención- de la homologación de la prórroga del Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaria de Trabajo de la Nación para el periodo abril/junio de 2025; las gestiones para estructurar el pago de los meses de abril y mayo a los trabajadores, amén de la delicada situación de caja; la necesidad de adecuar la plantilla al nivel de actividad actual (empresa fazonera).
Y una acción más: la decisión de suspender el pago de acuerdos de retiro anticipado millonarios firmados después de agosto de 2024 y que beneficiaron a exdirectivos. “Estos acuerdos fueron mencionados en la imputación penal de los directores desplazados. El objetivo es proteger el patrimonio y no convalidar situaciones sospechadas de afectar indebidamente a la empresa”, afirmó Lorenzini.
Otro dato llamativo, incluido en el informe de los interventores Nudemberg y Schocrón y recogido por el juez en su decisión reciente, es que se han detectado áreas sin razón de ser por falta de actividad (comercio exterior, originación de semillas) y situaciones donde no hay prestación del debito laboral a pesar de percibir salario, o personal de Vicentin que trabajaría para otras empresas", en un virtual cuadro de empleados fantasmas.
Plan de acción
Los interventores había elevado al juez un plan de acción de recuperación de la cerealera basado en cuatro ejes: revertir el déficit operativo y adecuar la estructura, contener la generación de nueva deuda, generar ingresos genuinos y proteger activos y fuentes de empleo. Para tal fin, requirieron en la primera mitad del mes en curso la autorización judicial para avanzar con contratos de fazón con por 400.000 toneladas mensuales para la planta de San Lorenzo con ACA, Bunge, Cargill, LDC, Molinos Agro, Viterra, Commodities S.A. y la Unión Agrícola de Avellaneda.
“Ese tema se resolvería en la semana en curso”, adelantaron fuentes judiciales. “Lo que tenemos es que estaban ultimando detalles. Entendemos que está todo bastante bien, acá está entrando girasol y soja, y bastante”, confiaron desde el ámbito gremial de San Lorenzo.
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