El sacerdote Eugenio Zitelli, capellán de la policía rosarina durante la última dictadura militar, se negó a declarar hoy ante el juez federal Marcelo Bailaque en la causa donde se lo investiga por su supuesta participación delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.
Zitelli se presentó en los Tribunales locales, donde rehusó responder el cuestionario elaborado por el juez, y en cambio presentará un escrito por medio de un representante legal.
El fiscal federal Gonzalo Stara señaló a la prensa que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como «La Patota de Feced» y un homicidio. El religioso hizo una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".
Agregó Stara que "se investiga el asesinato que se le atribuye a Zitelli, el de Eduardo Braccini, una persona oriunda de la ciudad de Casilda que fue secuestrada y torturada durante la última dictadura, y en cuya acta de defunción figura «muerte por enfermedad», cuando la misma dictadura sostuvo que cayó en un enfrentamiento en la localidad de Alvear".
Zitelli se desempeñó en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda. El 15 de enero de 2002, cuando se realizó una pueblada por la crisis económica, debió refugiarse en una casa vecina a la parroquia porque los manifestantes lo corrieron. En el período 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario y, según las denuncias, había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la Dorrego y San Lorenzo. En ese lugar funcionó uno de los centros clandestinos de detención más importantes que estaba bajo jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en esta ciudad.
El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones. A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la dictadura, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.
Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región. También, varios testimonios de sobrevivientes lo implican directamente, no como un simple cómplice, sino como parte de la estructura represiva.
Una de las declaraciones que lo inculpan pertenece a la ex detenida política María Inés Luchetti de Bettanín, quien afirmó que el sacerdote durante una confesión le había asegurado: "El uso de la picana estaba bien porque se estaba en guerra y es un método para obtener información política".
El pasado 2 de octubre, el arzobispo de Rosario, monseñor José Luis Mollaghan, dispuso relevarlo del cargo al frente de la parroquia pero le permitió que continuara viviendo en el lugar.
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