La Corte Suprema de Justicia determinó que la denuncia contra Verónica Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, continúe bajo la órbita de la justicia penal ordinaria. Asad está acusada de aprovecharse de personas vulnerables para despojarlas de dinero y bienes, y la resolución puso fin a un debate de competencia entre juzgados nacionales y federales.
Lo ordenó la Corte Suprema
“Pitty”, la numeróloga, investigada por presunta estafa a clientes
La causa surge tras denuncias que señalan que la profesional habría manipulado a personas en situación de vulnerabilidad para quedarse con su dinero y bienes, y ahora la justicia ordinaria será la encargada de investigar los hechos.
Mirá también
Competencia de tribunales
El máximo tribunal resolvió un conflicto entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 y el Juzgado Federal Criminal y Correccional 9, con sede en Comodoro Py 2002. Finalmente, se estableció que el caso debía tramitarse en el fuero ordinario.
La denuncia original fue presentada por Pablo Salum, fundador de “Red LibreMentes”, quien se presenta en redes sociales como un luchador contra las “pseudociencias coercitivas”.
Salum acusó a Asad de manipular psicológicamente a personas en situación de vulnerabilidad para quedarse con su dinero y propiedades. También solicitó una prohibición de acercamiento hacia él, medida que el juzgado de instrucción hizo efectiva antes de enviar el expediente a Comodoro Py por conexidad. Sin embargo, el juzgado federal rechazó intervenir, lo que llevó el caso a la Corte Suprema.
Contrataciones en Banco Nación
En paralelo, surgieron denuncias relacionadas con contrataciones irregulares en el Banco Nación. Se denunció que la entonces presidenta Silvina Batakis y la gerenta general María del Carmen Barros habían contratado a Asad para un “curso de coach”. Además, se cuestionó la incorporación del exmarido de Batakis y del hijo de Barros en áreas estratégicas de la entidad.
La denuncia, promovida por la diputada nacional María Graciela Ocaña, fue investigada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien imputó a las exfuncionarias y a Asad por incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, administración fraudulenta y peculado.
Sin embargo, tras una auditoría interna del banco, se dictó el sobreseimiento de todos los involucrados al no hallarse perjuicio patrimonial.
Diferenciación de hechos
El Procurador General destacó que los hechos denunciados por Salum son distintos y escindibles de los casos vinculados al Banco Nación. Según su criterio, las acusaciones se relacionan exclusivamente con la actividad de Asad como numeróloga y no ameritan competencia federal.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti respaldaron esta postura, confirmando que la causa permanecerá en la justicia ordinaria, mientras que los procesos por contrataciones en Comodoro Py ya fueron cerrados.
Sobre el Autor
#TEMAS:
