Morena Rial, a un paso del juicio oral: la pena que enfrenta por robo agravado
La Fiscalía de San Isidro pidió elevar a juicio oral la causa en la que la influencer Morena Rial (26), hija del periodista Jorge Rial, está imputada por tres robos a viviendas cometidos en enero en San Isidro y Castelar. En el expediente también están acusados tres jóvenes, uno de ellos prófugo, y se le atribuye a la mediática un rol clave dentro de la banda.
Morena Rial está detenida en la Unidad Penal N° 51 de mujeres de Magdalena.
La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, requirió en las últimas horas que la causa por tres robos a viviendas pase a juicio oral, al considerar que las pruebas reunidas alcanzan para sostener la acusación contra la influencer y el resto de los imputados.
El pedido fue presentado ante la jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, la misma magistrada que semanas atrás le dictó la prisión preventiva y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, tras revocarle la excarcelación por incumplir medidas judiciales.
Además de Rial, están imputados Alan Martín Fernández (24) y Lautaro Tomás Ledesma (23), ambos detenidos, y Luna Alexandra González (20), actualmente prófuga. Para el fiscal, las evidencias permiten, en esta etapa, atribuirles responsabilidades penales por los hechos cometidos entre el 18 y 19 de enero de este año.
Ferrari le imputa a Morena el delito de “robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”, figura que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión. La defensa aún puede pedir un juicio abreviado; en ese escenario, con reconocimiento de culpabilidad, la condena no podría ser inferior a los tres años.
El fiscal Ferrari pidió que el caso vaya a juicio oral por robo doblemente agravado.
Cómo fueron los tres robos que investiga la Justicia
Según la acusación, la serie de robos comenzó la noche del 18 de enero en una casa de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo al expediente, los sospechosos cortaron la luz bajando la térmica desde la calle, ingresaron tras forzar rejas y una ventana, y se llevaron una notebook y otros elementos de valor. Rial habría sido la conductora del auto en el que se movía la banda.
Horas después, ya en la madrugada del 19 de enero, el grupo se trasladó a Castelar, partido de Morón. Allí, siempre según la fiscalía, tres de los acusados entraron a una vivienda y sustrajeron 32 mil dólares y varios dispositivos de la marca Apple. En ese hecho, el rol de Morena fue más activo: habría ingresado a la propiedad junto a dos de sus cómplices.
Ese mismo día por la noche, la banda habría intentado un tercer golpe en una casa de Martínez, nuevamente en San Isidro. El modus operandi fue similar: corte de luz, ingreso por efracción y robo de una consola de videojuegos, una computadora, relojes y otros elementos tecnológicos. Las cámaras de seguridad y los peritajes sobre teléfonos son parte central de la prueba.
La causa investiga tres robos a viviendas en San Isidro y Castelar, cometidos en enero.
El rol de Morena y su presente en Magdalena
En su descargo, Morena reconoció haber estado en el primer robo y admitió que manejaba el vehículo, aunque intentó despegarse del resto de los hechos. Ante el fiscal Ferrari aportó datos sobre sus acompañantes y claves de sus celulares, lo que la defensa presenta como un gesto de colaboración con la investigación. La acusación, sin embargo, la ubica como parte estable de la banda.
Otro elemento que agrava su cuadro es que, según la investigación, en dos de los robos del 19 de enero llevó con ella a su hijo de 10 meses. Para la Fiscalía, la presencia del bebé habría sido utilizada para pasar inadvertidos. Ese punto fue mencionado por Rodríguez Mentasty al justificar la prisión preventiva y describir una “actividad delictiva reiterada”.
Hoy, Morena Rial sigue detenida en la Unidad N° 51 de Magdalena, luego de que se le revocara la excarcelación por incumplir las pautas fijadas: presentaciones regulares ante la Justicia, tratamiento psicológico y permanencia en un domicilio determinado. Si la jueza habilita el debate oral, será allí donde se defina si la influencer enfrenta o no una condena de hasta diez años de cárcel.