El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó la excarcelación de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El empresario permanece detenido en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
Investigación federal
Ariel Vallejo seguirá detenido: rechazaron su excarcelación por riesgo de fuga
El financista cercano a Claudio Tapia incumplió las condiciones de su libertad, según el juez. La defensa había propuesto arresto domiciliario y vigilancia electrónica.
Vallejo quedó preso el viernes, después de presentarse en el juzgado tras una orden de captura. La medida se había dispuesto porque no fue localizado en el domicilio informado a la Justicia. Su abogado, Pablo Parera, solicitó que pudiera permanecer bajo arresto domiciliario y con vigilancia electrónica.
Los argumentos del rechazo
El magistrado consideró que los incumplimientos del imputado configuran un riesgo concreto de fuga. Entre los elementos evaluados señaló el cambio de domicilio sin aviso y la falta de entrega de todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. Otros rodados fueron entregados fuera del plazo requerido.
Rodríguez Ponte también ponderó la escala penal de los delitos atribuidos y los vínculos del empresario con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros. Según su evaluación, esos recursos podrían facilitar una eventual evasión de la acción judicial.
Por qué descartó la domiciliaria
El juez sostuvo que las alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes, porque Vallejo ya había contado con un régimen de libertad sujeto a obligaciones que no cumplió. Además, señaló que el arresto domiciliario y el monitoreo electrónico requieren un domicilio acreditado y controlable.
La resolución dispuso mantener el encarcelamiento preventivo para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones del expediente. No obstante, el magistrado dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente las condiciones de detención cuando se resuelva la situación procesal del empresario.
La investigación sobre los contratos deportivos
La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Diego Velasco, investigan un presunto esquema desarrollado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis apunta a contratos de patrocinio entre la financiera y entidades deportivas.
Los investigadores buscan determinar si esos acuerdos permitieron dar apariencia legítima a movimientos de dinero sin una contraprestación real. También analizan si empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.
La pesquisa alcanza a 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También incluye a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud y Excursionistas, además de Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
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