Una auditoría interna realizada por la Municipalidad de Cañada de Gómez puso al descubierto una serie de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. A partir de esto, se presentó una denuncia penal que derivó en una investigación judicial y en la imputación de tres empleados municipales.
Departamento Iriondo
Cañada de Gómez: tres empleados municipales imputados por el desvío de más de $76 millones de la Caja de Jubilaciones
La encargada, su marido y una empleada administrativa están sindicados como responsables de la operación fraudulenta. Las maniobras fueron detectadas a raíz de una auditoría interna. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
“La mecánica con la cual se implementó este robo a las arcas de la Caja de Jubilaciones, es el uso de un sistema bancario que tenía una debilidad en su nivel de seguridad. Esto permitía modificar la planilla de beneficiarios, manteniendo el nombre de algún jubilado fallecido y luego reemplazar su número de cuenta por el de alguno de los tres empleados involucrados donde finalmente se transferían los fondos”, explicó Matías Chale, intendente de Cañada de Gómez, en diálogo con El Litoral.
“Antes de hacer la denuncia en Fiscalía, se abrió un sumario administrativo interno que terminó con la exoneración, lo cual imposibilita que en el futuro puedan ingresar en la Municipalidad”, concluyó el mandatario.
Roles en la Caja de Jubilaciones
Las tres personas son la por entonces encargada de la Caja, su esposo y una empleada administrativa.
Conforme con la acusación fiscal, en ocho meses, cada uno transfirió a sus cuentas personales sumas superiores a los 24 millones de pesos, que posteriormente constataban en los registros como remitidas a afiliados inexistentes o ya fallecidos. En total, se les atribuye haber transferido más de 76 millones de pesos.
Medidas contra los imputados
El viernes pasado tuvo lugar una audiencia judicial en los tribunales de Cañada de Gómez en la que el fiscal Santiago Tosco les atribuyó a los implicados el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.
Por su parte, el juez Álvaro Campos admitió una serie de medidas alternativas a la detención acordadas entre la fiscalía y la defensa. Algunas de ellas son: la firma mensual ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salida al país y el ingreso a la Caja de Jubilaciones municipal.
Sobre el Autor
#TEMAS:
