Aunque todavía falta el dictado de la sentencia, la justicia federal santafesina se encamina a cerrar un capítulo con tintes desopilantes, que en 2024 expuso a dos jefes de la delegación local de la Policía Federal, por beneficiar en su estadía al preso Juan Ignacio Suris, que organizaba asados, compraba comida para llevar y fumaba en el balcón del despacho oficial.
Tribunal Oral Federal
Causa Suris: el caso se cerró con tres condenas y una suspensión de juicio a prueba
El juicio previsto para este miércoles derivó en la firma de tres abreviados para dos exjefes de la PFA de Santa Fe y el preso vip Juan Ignacio Suris, que pagaba para mejorar su estadía en la delegación local. La mujer que hizo de nexo firmó una probation.
Tres de los cuatro imputados, entre ellos Suris, el comisario Guillermo Gabriel Gallo y el subcomisario Leonardo Rafael Benítez, aceptaron terminar sus conflictos legales por la vía del juicio abreviado, con condenas de entre 2 y 3 años de prisión.
En tanto que Mariana Martínez, la entrerriana que articulaba el ingreso del dinero y víveres desde afuera, firmó una suspensión de juicio a prueba, que implica realizar una donación y tareas comunitarias a un comedor municipal de su ciudad.
Los acuerdos fueron suscriptos este miércoles entre cada uno de los involucrados, sus abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal, previo al inicio del juicio oral y público que iba a estar a cargo de los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez, del Tribunal Oral Federal (TOF), el mismo día, a partir de las 9.
Probation
La compulsa para evitar el debate se inició temprano por la mañana. La primera en salir del esquema acusatorio fue Martínez, quien a través de su abogado el Dr. Fabián Améndola, confirmó la suspensión de juicio a prueba.
“Lo que hicimos fue pedirle al tribunal, respecto de nuestra asistida exclusivamente, la suspensión de juicio a prueba, que es una salida alternativa que se prevé al juicio oral”, explicó el abogado.
La probation consiste en “un ofrecimiento de reparación del eventual daño causado y de horas de tarea comunitaria para Mariana”, añadió el letrado.
En tanto, fuentes judiciales informaron que la mujer se comprometió a donar 100 litros de leche por mes y a realizar tareas comunitarias de 8 horas mensuales en un comedor municipal de la ciudad de Victoria, durante un año.
Abreviados
Mientras tanto, el defensor público oficial, Fernando Sánchez, en representación del comisario Gallo -que se encontraba en dependencias del tribunal-, acordó con el Fiscal General, Martín Suárez Faisal, la imposición de una pena de 2 años de prisión en suspenso, por los delitos de “peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, más inhabilitación absoluta perpetua.
En cuanto a las negociaciones por Suris y Benítez, fueron más álgidas que las anteriores; en primer lugar, porque ambos se encontraban alojados en el penal de Ezeiza, en un sector de máxima seguridad y ello implicó la realización de entrevistas por videoconferencia con sus abogados Tomás Beldi y Leandro Amuy, respectivamente.
De los dos, Suris fue el primero en admitir su responsabilidad como autor del delito de “cohecho activo”, con pena de dos años de cumplimiento efectivo, la cual quedará unificada en 9 años de cárcel, dado que ya se encontraba cumpliendo una condena por narcotráfico y evasión impositivo ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.
La pena más alta fue para el subcomisario Benítez, finalmente declarado “autor de los delitos de cohecho pasivo, peculado e Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, más inhabilitación absoluta y perpetua, a cumplir tres años de prisión efectiva.
A diferencia de Suris, que se encontraba cumpliendo una abultada condena, Benítez recupera la libertad dado que lleva casi dos años tras las rejas en prisión preventiva.
Origen del caso
La causa tomó visibilidad en abril de 2024 cuando trascendió la existencia de un detenido con trato privilegiado dentro de la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) en Santa Fe.
El señalado era Juan Ignacio Suris, condenado por narcotráfico y delitos económicos, alojado en la delegación local de la PFA entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 bajo condiciones irregulares.
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima. Esa denuncia desencadenó allanamientos de Gendarmería en la delegación de calle San Martín al 3300, donde se secuestró documentación interna, registros de dinero y otras pruebas que dieron sustento al caso.
“El inquilino”
Suris — oriundo de Bahía Blanca y con antecedentes federales — fue detenido en noviembre de 2023 en la ciudad de Esperanza, tras quedar firme una condena unificada de ocho años de prisión por narcotráfico y delitos económicos.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Suris gozó de privilegios inéditos dentro de la PFA Santa Fe: podía hacer pedidos de comida por delivery desde celulares oficiales; organizaba asados dentro de la dependencia; usaba oficinas restringidas de la fuerza y tenía acceso a zonas no autorizadas.
Incluso financió obras de mejora en su lugar de detención, como la compra de materiales de construcción para acondicionar espacios adyacentes a las celdas. Por estos hechos, fue apodado por el personal subalterno y los otros presos como “el tercer comandante” o “el inquilino” debido a su influencia y trato preferencial.
En una declaración indagatoria, Suris reconoció los privilegios de su estadía, pero negó haber pagado coimas, sosteniendo que se trataba de fondos propios para gastos generales.
Para hacerlo, utilizó a Mariana Martínez como intermediaria, dado que era la persona que ingresaba el dinero a la dependencia para canalizar los pagos hacia los funcionarios que brindaban favores a Suris.
La causa se volvió de impacto por la curiosa naturaleza de los privilegios denunciados dentro de una dependencia policial federal, que venía siendo observada por la irregular conducta de sus anteriores jefes, que también derivaron en causas judiciales.
En cuanto a los abreviados y la probation, fuentes judiciales confirmaron que este miércoles se llevaron a cabo las audiencias de visu, en las cuales el juez José María Escobar Cello, en forma unipersonal, entrevistó a los acusados sobre los alcances de los acuerdos. A partir de entonces, el magistrado tendrá 10 días hábiles para dictar sentencia.
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