Moderno House: archivaron la causa penal contra la constructora
Nuevos testimonios y evidencias llevaron a la fiscalía a considerar que los incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas no constituyeron delito, sino que corresponden a la órbita civil.
A un año de la detención del titular de la firma, la causa fue archivada.
La investigación sobre la constructora santafesina Moderno House, denunciada por estafas luego de incumplir con la entrega de casas prefabricadas, tuvo un giro en los últimos días cuando la fiscalía resolvió archivar la causa penal y consideró que la cuestión debería resolverse en la Justicia Civil.
Así lo informó el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Federico Grimberg, en el documento que firmó el pasado 21 de abril, en el que decretó el archivo de la investigación que comandó durante más de un año.
Tras la denuncia, la causa pasó por varias instancias judiciales.
Todo comenzó con la denuncia radicada contra Néstor S. y Camila D.S.R., representantes de Moderno House, por la presunta comisión del delito de estafa. En un principio, se intentó una resolución en el Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC), donde sólo una querella logró un acuerdo, mientras que el resto solicitó que el caso volviera a la fiscalía para continuar con la investigación.
La causa
En su denuncia, los damnificados relataron un patrón de contratos firmados, pagos realizados (parciales o totales) y obras que apenas iniciaban o nunca se concretaban, generando un perjuicio económico significativo.
Inicialmente, en mayo de 2024, se imputó a Néstor S. y posteriormente a su pareja Camila D.S.R. por haber engañado a diversas personas mediante la celebración de contratos de construcción, obteniendo pagos sin intención de cumplir las obligaciones asumidas, estimándose un perjuicio patrimonial inicial de alrededor de 27 millones de pesos.
La aparición de nuevos testimonios y evidencias cambió el rumbo de la causa. Estos indicaron que "Moderno House" entregó un número significativo de viviendas durante su funcionamiento, aunque con atrasos y problemas de comunicación. Testimonios de albañiles, vendedores y una administrativa de la empresa respaldaron la afirmación.
El fiscal Federico Grimberg estuvo al frente de la investigación desde su comienzo. Foto: Pablo Aguirre
Asimismo, constataciones realizadas sobre viviendas supuestamente entregadas arrojaron resultados mixtos: algunos clientes confirmaron la entrega (aunque algunos con demoras o necesidad de finalización por cuenta propia), mientras que otros denunciaron incumplimientos totales.
Incumplimiento contractual, no estafa
En su resolución de archivo, el fiscal consideró la aparición de esos nuevos elementos “crucial” para el devenir de la causa, ya que "acredita que no hubo una maniobra fraudulenta inicial destinada a defraudar a los clientes".
En su resolución, Grimberg explicó que el delito de estafa requiere un ardid o engaño idóneo, la inducción en error de la víctima, un desplazamiento patrimonial perjudicial y una relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio.
En esa línea, argumentó que, si bien existieron incumplimientos, no se pudo probar la intencionalidad inicial de no cumplir por parte de los imputados, elemento diferenciador clave entre la estafa y el mero incumplimiento contractual, que pertenece al ámbito civil.
"No toda disputa contractual puede trasladarse al ámbito delictivo sin un fundamento claro", argumentó Grimberg en el archivo judicial. El funcionario sugirió que las actuaciones podrían ser analizadas en la Justicia Civil, señalando que "los problemas de demora, incumplimientos parciales o totales identificados en el caso deben resolverse en dicho ámbito y no en el penal".
Disconformes
Tras conocer la decisión de la fiscalía, algunos de los denunciantes se presentaron en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ubicada en la esquina de Saavedra y General López de la ciudad de Santa Fe.
Fueron recibidos por el Fiscal Regional, Jorge Nessier, quien les explicó los fundamentos de la resolución fiscal y, a raíz de la queja de los damnificados, les indicó cuál es el procedimiento a seguir. Ellos, ya constituidos como querellantes, pueden manifestar su disconformidad con el archivo de la causa, lo cual será resuelto por el Fiscal Regional.
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