La causa por presunto lavado de dinero que salpica a la firma Real Central S.R.L. y a una finca en Pilar asociada a dirigentes de la AFA cambió de manos. Este viernes, la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Marcelo Aguinsky, continúe con la investigación sobre las operaciones de Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.
El conflicto de competencia se abrió cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente y envió el expediente al fuero Penal Económico. La magistrada interina de ese juzgado lo rechazó y devolvió la causa, lo que obligó a la intervención de la Cámara.
La Sala I entendió que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal, que sanciona el lavado de activos. Al no advertir elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, los camaristas concluyeron que debe tramitarse en el fuero especializado en materia económica y financiera.
En su resolución, el tribunal también indicó que el juzgado penal económico deberá terminar de definir la competencia territorial para seguir adelante con las medidas de prueba pendientes.
La sospecha sobre Real Central y el inmueble de Pilar
La investigación se centra en la supuesta adquisición irregular de un inmueble en Pilar a través de la sociedad Real Central S.R.L., sin respaldo económico suficiente para justificar la operación. Pantano y Conte están apuntados como responsables de ese movimiento patrimonial.
La finca, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, fue vinculada en la causa al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino, en el marco de una pesquisa patrimonial más amplia. Por eso, el valor real del predio y los bienes allí alojados se volvió un punto clave para la Justicia.
Autos de lujo, motos y un predio bajo la lupa
En el allanamiento ordenado por Rafecas en la finca de Pilar se encontraron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. Todos los vehículos quedaron registrados como propiedad de Real Central S.R.L., según fuentes judiciales.
Al predio ingresó además un equipo de seis peritos encargados de tasar el inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres designados por el Colegio de Martilleros de San Isidro. La diligencia incluyó la filmación completa del lugar, fotografías en todos los sectores y un relevamiento detallado de los bienes considerados suntuarios.
El objetivo de estas medidas es determinar el valor total de la propiedad y establecer si forma parte de un esquema de ocultamiento de activos vinculado a dirigentes del fútbol argentino.
Un mapa judicial que se cruza con otras causas
Aunque la Cámara le quitó la causa a Rafecas, el expediente seguirá ligado a un frente judicial más amplio que ya tiene como protagonista a la AFA. En paralelo, el juez federal de Quilmes Luis Armella avanza en otra investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, donde esta semana ordenó la detención de la tesorera Micaela Sánchez.
En ese contexto, la causa Real Central pasa ahora al fuero Penal Económico, que deberá profundizar el análisis de movimientos de dinero, estructura societaria y origen de los fondos usados para adquirir y mantener la finca de Pilar y la flota de vehículos. El cambio de juez no frena la pesquisa: la lupa sobre el patrimonio y sus nexos con el poder del fútbol queda más enfocada que nunca.