Libertad para el veterinario que vandalizó un estudio jurídico
Rompió cerraduras con jeringas y arrojó pintura en la oficina de la abogada que representa a la madre de su hijo. Aceptó realizar una reparación económica por los daños y se le impusieron restricciones de contacto y acercamiento. La damnificada señala que hay "ensañamiento".
Captura de video Las cámaras de seguridad captaron cómo, en cuestión de segundos, inutilizaba la cerradura del estudio.
El esperancino detenido e imputado por haber vandalizado, durante tres fines de semana consecutivos, el estudio jurídico que defiende a su ex, recuperó su libertad este viernes. Así lo dispuso el juez Sergio Carraro por un acuerdo de partes, que incluye una serie de restricciones y la reparación económica a la víctima.
Diego Santiago P. es un veterinario de 47 años que terminó detenido durante el allanamiento de su comercio, ubicado en Esperanza, en el marco de una causa por "daños reiterados" a la oficina de la abogada santafesina Gisela Bilbao. El jueves fue imputado por el fiscal Carlos Lacuadra y este viernes recuperó su libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
Mientras el proceso penal continúa, el profesional tendrá prohibido contactar a la damnificada (excepto en audiencias de la Justicia de Familia) y acercarse a menos de 500 metros de ella, su domicilio y su estudio jurídico. Este lunes deberá acudir junto a su abogado, el Dr. Ignacio Alfonso Garrone, a la sede del Ministerio Público de la Acusación y abonar $ 45.000 como reparación económica a la víctima, por los daños causados a su propiedad.
Además, el juez sumó a lo acordado entre las partes la obligación de presentarse mensualmente ante el MPA de Esperanza, para acreditar su sujeción al proceso.
"Ensañamiento"
El estudio jurídico Bilbao y Asociados, ubicado en Balcarce al 1.100 (barrio Candioti Sur), fue vandalizado los tres primeros fines de semana de abril: un encapuchado tiró pintura e inutilizó las cerraduras colocando, con una jeringa, una mezcla que se utiliza para confeccionar prótesis dentales. La profesional denunció, aportó los videos de las cámaras de seguridad y dos semanas más tarde se ordenó la detención de Diego P.
El conflicto penal se relaciona con el juicio por alimentos que la ex pareja del veterinario, madre de su hijo, le inició en el fuero de Familia. La mujer cuenta con la representación legal de la Dra. Bilbao, quién mostró a El Litoral el convenio de pago firmado recientemente por Diego P. para regularizar su situación.
La abogada aclaró que desde hace mucho tiempo se le viene contemplando y abriendo el diálogo para resolver la deuda de alimentos, pero "él se rehusa mediante violencia, amenazas y daños". Un juez de Familia le embargó una propiedad, de las 4 que figuran a su nombre en el Registro de la Propiedad (él se había jactado de poseer 30), y luego de esto el veterinario decidió, junto a su abogado, firmar el acuerdo de pago previamente mencionado.
Los ataques al estudio fueron las madrugadas del 3, 9 y 16 de abril, y en paralelo se firmó el escrito, fechado el 13 de abril de 2022. "Yo defiendo a mi clienta con la ley, y este señor no me dejaba trabajar", cuestionó Bilbao, quien no encuentra razones para este "ensañamiento hacia mi persona".
Gentileza Latas de pintura roja y negra fueron arrojadas a la fachada del estudio jurídico.
Latas de pintura roja y negra fueron arrojadas a la fachada del estudio jurídico.Foto: Gentileza
"Animosidad"
Tras ser imputado, el veterinario declaró ante el juez José Luis García Troiano y sostuvo su inocencia.
"Yo soy veterinario, hace 20 años que ejerzo la profesión, y me dedico a la construcción. Soy una persona de bien, nadie le va a hablar mal de mí", le dijo al juez. "Vivo un infierno hace 8 años y esta abogada… yo siempre le digo que prostituye la profesión. Tipos como yo, un empresario de esperanza, pago los impuestos como un gil para pagarle la universidad a gente que realmente le hace mal a la profesión", se quejó.
"Porque realmente hay una animosidad conmigo, y detrás de todo esto se esconde un problema económico. Hay más de 30 propiedades que ella (su expareja) piensa que son de ella -y- no son de ella, son mías", comentó y agregó que lo han denunciado ante la Afip. Por todo esto, "tengo tratamiento psiquiátrico y tomo pastillas para dormir, esa es mi vida", pero "no logro que un juez de familia pida la pericia psiquiátrica para ella (su ex), yo estoy dispuesto a hacérmela".