Prisión preventiva para el fiscal Ponce Asahad acusado de exigir y recibir coimas

La jueza Eleonora Verón le dictó prisión preventiva por 90 días al fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad al dar por acreditada la probabilidad de que haya exigido y cobrado coimas al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti en un plan ideado con el ex fiscal regional Patricio Serjal.

Además, se dictó libertad bajo caución y firma semanal al empleado judicial Nelson Ugolini, imputado como parte del grupo.

La audiciencia se extendió por unas cinco horas y contaron con la presencia de los fiscales Gisela Paolicelli, Matías Edery, María Eugenia Iribarren y Luis Schiappa Pietra, quienes acusaron a Ugolini y Ponce de "diseñar y ejecutar, con la participación de Serjal, un plan delictivo para recibir dinero de Peiti". A cambio, señalaron, se comprometían a "transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti".

De esta manera, imputaron a ambos como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados. También les imputaron cohecho pasivo, al fiscal como coautor y al empleado como partícipe primario.

En una extensa presentación, los fiscales no sólo refirieron los privilegios que recibía Peiti a cambio de dinero. También acusaron a los fiscales de no protejerlo de denuncias que el propio Peiti comenzó a recibir, al parecer por parte de Los Monos, en una trama en la que según la acusación comenzó siendo víctima y terminó siendo miembro de la red investigada, según explica Diario La Capital.

La figura de Peiti

Peiti, que será imputado por cohecho activo en esta misma causa, de estar vinculado a una red que combina extorsiones con juego clandestino movió a los fiscales a cotejar todos sus dichos. Eso fue valorado por la jueza Verón a la hora de dejar preso a Ponce, teniendo en cuenta que su defensa había alegado que el cohecho no estaba demostrado y que el relato no era verosímil por la calidad de arrepentido que invocaba Peiti.

Pero el relato de Peiti fue respaldado con evidencia sobre la información que brindó, así como capturas de cámaras de vigilancia que situaron a Ponce en los lugares donde dijo haber estado con él o, por ejemplo, con su abogado Luis Rosini. O pruebas que situaron a Serjal y Peiti en el mismo hotel de Buenos Aires, en un segundo encuentro.

La jueza halló datos objetivos que a su entender dan credibilidad al relato de Peiti, que por sus actividades ilegales no estaba en condiciones de denunciar la conducta de los fiscales. También consideró "gravísima" la conducta de Ponce por ser funcionario público, por lo que no podía descartar un peligro de fuga. Del entorpecimiento probatorio, se remitió a las evidencias: ya lo había hecho para favorecer a Peiti, por qué no volver a hacerlo.

90 días

Verón acordó con los acusadores salvo en el plazo de prisión preventiva: le dio 90 días. Sin embargo, y más allá de los problemas de salud familiares que invocó Ponce para no ir preso, la jueza le respondió que le correspondía por una cuestión de igualdad ante la ley.