A casi 19 años del homicidio que conmovió a Río Cuarto y al país, la Justicia cordobesa resolvió este martes sobreseer al parquetista Roberto Marcos Barzola, último imputado por el crimen de Nora Dalmasso. La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación consideró que la causa prescribió y, en consecuencia, no podrá haber condena.
Caso sin resolver
Crimen de Nora Dalmasso: el principal sospechoso fue sobreseido
La Cámara de Río Cuarto cerró la causa al declarar prescripta la acción penal contra Roberto Barzola, cuyo ADN coincidía con rastros hallados en el cuerpo de la víctima. La familia lamentó que el caso termine sin condenados.
El fallo señala que “han transcurrido casi 19 años desde la comisión del hecho, un lapso superior al límite temporal que la ley establece”. En esa línea, los jueces sostuvieron que la acción penal estaba prescripta al menos desde noviembre de 2021 y dispusieron el sobreseimiento total de Barzola, cuyo ADN resultó compatible con las muestras genéticas encontradas en la bata con la que fue estrangulada la víctima.
La decisión descartó que el caso pudiera considerarse un delito de lesa humanidad, lo que habría evitado su prescripción. También rechazó que el proceso se hubiera interrumpido por la participación de Marcelo y Facundo Macarrón como imputados en etapas anteriores.
Un crimen sin condenados
El parquetista Barzola fue identificado en 2024 gracias a un peritaje del FBI que confirmó la coincidencia genética con las muestras halladas. Sin embargo, la Justicia no llegó a tiempo: el fiscal Pablo Jávega había impulsado una nueva investigación en 2022, pero los plazos legales ya estaban vencidos.
El cierre de la causa deja sin responsables un expediente que durante casi dos décadas tuvo imputados a un pintor, al hijo de la víctima y al propio viudo, Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022.
El recuerdo de un caso emblemático
Nora Dalmasso fue hallada sin vida el 26 de noviembre de 2006 en su casa de Villa del Golf, Río Cuarto. La autopsia determinó que murió asfixiada con el cinto de una bata, en lo que la fiscalía consideró un “acto sexual consentido seguido de homicidio”.
Con esta resolución, el crimen más resonante de la provincia de Córdoba en las últimas dos décadas se cierra sin condena penal ni justicia efectiva, pese a las pruebas científicas y las reconstrucciones del caso.
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