"Robar al Estado no es una insignificancia"

Juliano Salierno
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Dos horas duró la audiencia de atribución imputativa que se realizó ayer por la tarde en tribunales y que tuvo como principal protagonista al ex jefe de Policía de la provincia, el comisario retirado Rafael Grau. Aunque no hubo mayores controversias, se produjo un contrapunto entre el fiscal Roberto Apullán y el abogado Néstor Oroño -a cargo de la defensa de tres de los civiles-, cuando éste último le cuestionó la figura legal empleada (asociación ilícita), a la que calificó de “artificiosa”. “Robar al Estado no es una insignificancia”, contestó el fiscal.

Apullán le atribuyó a Grau, la figura de “jefe u organizador de una asociación ilícita” que funcionó durante el período 2015-2016; así como la de “coautor o partícipe” del delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por el pago de la reparación y cambio de repuestos de 16 móviles policiales cuyos arreglos no fueron realizados.

La misma figura legal se extiende a otros dos policías con jerarquía, en ese entonces el habilitado de la Jefatura de la provincia, el contador Ariel Hernán Villanueva y el jefe del Departamento de Logística (D4) de Jefatura, el comisario retirado José Mario Leiva. Ambos fueron considerados junto con Grau, jefes de la empresa criminal; en tanto a Villanueva se lo acusó como “autor o coautor” de las defraudaciones (firmaba los cheques como apoderado), y a Leiva como “partícipe necesario” por haber habilitado “el ámbito de las maniobras”.

Los civiles

En tanto, cinco civiles completan la operación. Dos de ellos, una mujer llamada Noelia Biscari y un hombre identificado como Facundo José Testi, fueron imputados también como jefes de asociación ilícita; así como por “partícipes necesarios” de las defraudaciones. Por último, Artemio Biscari, Rodrigo Exequiel Ruiz y Andrés Daniel Soto fueron considerados parte de la asociación ilícita en su rol de “integrantes”; y partícipes necesarios de las defraudaciones.

Los tres últimos -Ruiz, A. Biscari y Soto-, “brindaron la estructura comercial” a través de los talleres Servicios Mecánicos; TC Repuestos y Los Hermanitos, según leyó la fiscalía. En tanto la mujer tenía a su cargo la confección de la facturación y Testi era el que cobraba los cheques en diferentes bancos de la ciudad.

En total, el fiscal Apullán atribuyó 16 casos de móviles que fueron llevados a taller y por los cuales la jefatura pagó $ 96.616 por los supuestos arreglos, aunque una pericial técnica realizada por Gendarmería Nacional -que fue introducida a la causa como “anticipo jurisdiccional de prueba”- constató que las reparaciones no fueron hechas.

Cada uno de los imputados participó de la audiencia, que fue oral y pública y estuvo dirigida por el juez de la investigación, el Dr. Sergio Carraro. Además, participaron por las respectivas defensas los abogados Miguel Ángel Pierri y Carlos Branca -por Grau-; Luis Federico Hilbert -por Villanueva-; Daniel Rocca y Catalino Portillo -por Leiva-; Néstor Oroño -por los Biscari y Testi-; y Alejandro Otte -por Soto y Ruiz.

Contrapunto

“Me cuesta encontrar la asociación ilícita” cuestionó el Dr. Oroño, que calculó la ganancia de cada uno de los ocho miembros de la supuesta banda en $ 500 por mes, si se tiene en cuenta que eran ocho miembros y que funcionaron durante dos años (2015-2016). “Este dato por sí solo es revelador” y “va contra el sentido común”, dijo.

El andamiaje legal montado por el MPA “no satisface el estándar mínimo de racionalidad”, continuó el abogado, que consideró la atribución como “un acto preparatorio de la fiscalía de lo que viene, que es la solicitud de prisión preventiva”, por lo que se opuso a lo que consideró una “calificación artificiosa” y por lo tanto “nula”.

Todos sus pares adhirieron al planteo sin mayores argumentaciones, a excepción del Dr. Otte, que sumó al debate el pedido de “aplicación del principio de insignificancia”, en función de la relación de “la permanencia en el tiempo y el perjuicio ocasionado”.

Postura firme

“Robar al Estado no es una insignificancia” respondió el fiscal Apullán, haciendo la aclaración de la referencia “en sentido amplio” del verbo. Y consideró casi una ofensa “plantear que 96.000 pesos es insignificante” “en estos tiempos donde una de las luchas de la sociedad es la honestidad en la gestión pública”.

Además sostuvo que la suma reclamada “no es insignificante por el monto” sino también “por la víctima, que es el Estado” y “por la manera en que se hizo”. “Estoy convencido por la evidencia”, y “la posición es racional” conforme a ella, retrucó.

Por último, aclaró que “el fiscal no inventó la denuncia” que realizó el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro el 4 de mayo del año pasado a raíz de una denuncia anónima; y se defendió de las críticas diciendo que no mandó a detener a los dos días ni a las semanas, sino que le llevó más de un año reunir la documentación por la que esta semana solicitó los allanamientos y detenciones.

Sigue el lunes

La audiencia para el tratamiento de la medida cautelar, que en principio iba a realizarse este viernes, fue postergada para el próximo lunes 18 de septiembre por la tarde, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial. El pedido lo realizaron los abogados de los imputados, atento a la gran cantidad de documental que existe en la causa, sobre la cual deberán interiorizarse en los próximos días para así poder organizar las respectivas estrategias defensivas.

Domiciliarias y traslado

El juez Sergio Carraro dispuso régimen de prisión domiciliaria para dos de los ocho imputados y ordenó el cambio de lugar de alojamiento para un tercero, atento a los pedidos formulados por sus respectivas defensas.

En el caso del ex jefe de Policía Rafael Grau, sus abogados Miguel Ángel Pierri y Carlos Branca, manifestaron una situación de salud que condiciona el lugar de alojamiento, por lo que se le concedió el beneficio a cambio del cumplimiento de estrictas pautas entre las que sobresalen las de no mantener contacto por ningún medio, tanto con los coimputados y sus familias, como con autortidades que de alguna manera puedan estar ligadas a la investigación.

El Dr. Néstor Oroño solicitó lo propio para Noelia Biscari, ya que la mujer de 39 años es madre de dos hijos varones de 2 y 4 años y la ley prevé régimen de prisión domiciliaria en beneficio de los menores.

Por último, Alejandro Otte advirtió sobre las amenazas que su defendido Soto estaba recibiendo de sus compañeros de celda en la Seccional 9na. al enterarse de los delitos por los cuales se encontraba acusado. En tal sentido el juez Carraro dispuso su reubicación en dependencias del Servicio Penitenciario o donde la autoridad correspondiente lo disponga.