Este jueves comenzará en los tribunales santafesinos el juicio oral contra dos exjefes de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, que enfrentan la acusación de haber liderado una asociación ilícita dedicada a cometer defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Causa "D4"
Qué buscará probar la fiscalía en el juicio a dos exjefes de la Policía de Santa Fe
Nueve personas ya fueron condenadas por la defraudación al Estado y admitieron haber formado parte de una asociación ilícita. Ahora, el MPA busca que Rafael Grau y Omar Odriozola sean declarados responsables de los hechos de corrupción.
Según la acusación que sostendrá el fiscal Ezequiel Hernández, el modus operandi de esta presunta red criminal era preciso y aprovechaba la estructura administrativa y jerárquica de la propia fuerza. Esto intentará probar el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el desarrollo del debate que comenzará el jueves.
La causa judicial, que comenzó en 2016 con la denuncia presentada por el entonces Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, cuenta con nueve condenas firmes a las que se arribó a través de juicios abreviados. En estos, los firmantes admitieron tanto la existencia de los hechos como su responsabilidad en los mismos.
El modus operandi
La base de la maniobra delictiva, tal como fuera descripta en los juicios abreviados y en la acusación que recae sobre Grau y Odriozola, consistía en "facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían". Esto se lograba "burlando el procedimiento administrativo respectivo", creando una apariencia de legalidad para desviar fondos públicos.
El esquema detallado por la fiscalía implica la existencia de una coordinación entre particulares -civiles, comerciantes- y funcionarios policiales de distintos rangos. La mecánica de la defraudación comenzaba con la obtención de documentación falsa.
Los particulares, que eran propietarios o responsables de distintos comercios -como talleres mecánicos, chapistas, negocios de repuestos o incluso imprentas-, emitían facturas por la supuesta realización de reparaciones en vehículos policiales o por la presunta compra de repuestos. Dichos trabajos o compras eran inexistentes.
Las facturas fraguadas eran presentadas a un Habilitado de la Jefatura policial, un funcionario policial encargado de gestionar los pagos. El Habilitado era quien debía emitir las órdenes de pago correspondientes, lo que hacía a través de la confección de cheques.
Para poder emitir y librar esas órdenes de pago, el Habilitado necesitaba dos autorizaciones clave dentro de la estructura policial. Requería la firma del Jefe de la Policía de la Provincia (cargo que ocuparon alternativamente Grau y Odriozola) y una confirmación del departamento de Logística, conocido como D4.
Según la Fiscalía, los acusados firmaron estos cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la "disposición patrimonial ilegítima", razón por la cual llegarán a juicio este jueves 28 de mayo.
El reparto del dinero
Luego, el Habilitado y el Jefe de Logística coordinaban sus acciones directamente con Facundo José Testi, un civil identificado como el "organizador de la asociación ilícita" en el plano civil, que ya fue condenado. Testi, a su vez, diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques, y la distribución posterior de la recaudación.
Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques emitidos legalmente, pero basados en facturas falsas, no se quedaban con todo el dinero, sino que le entregaban "parte de ese dinero en efectivo al Habilitado". Así lo detalló la fiscalía, y lo reconocieron los ya condenados.
Tras recibir el dinero en efectivo, el Habilitado "se lo daba al jefe provincial" y "era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos", explicó oportunamente la fiscalía. Esto implica que los jefes acusados no sólo recibían parte del dinero, sino que también administraban su distribución interna dentro de la organización.
Para completar la apariencia de legalidad y cerrar el ciclo, el Habilitado confeccionaba los "expedientes de rendición de cuentas" por las erogaciones realizadas, incluyendo las facturas falsas emitidas. Para que este trámite administrativo se diera por finalizado, el Jefe provincial de la Policía "debía prestar su conformidad".
La acusación contra los jefes
Según el fiscal, Grau y Odriozola, en su carácter de "jefes", "usando su potestad jerárquica", fueron quienes "dispusieron los medios", "habilitaron el ámbito" de las maniobras y "consintieron las actividades ilícitas desplegadas". También se les atribuye haber coordinado acciones con Testi y los miembros de la banda, y haber determinado el reparto de las "utilidades conseguidas ilegítimamente".
La acusación cuantifica el perjuicio económico específico atribuido a cada uno durante su respectivo período como jefe provincial: más de un millón de pesos para Odriozola -entre enero y septiembre de 2015- y 958 mil pesos para Grau -entre septiembre de 2015 y febrero de 2016-. Estos montos, a valor actual, son considerablemente mayores.
Este detallado esquema es el que los fiscales buscarán probar durante el juicio oral. Varios de los participantes en esta red, incluyendo habilitados, el jefe de Logística y el organizador civil, ya fueron condenados tras admitir su participación en hechos investigados.
La instancia que se abrirá el jueves deberá determinar si Grau y Odriozola tuvieron el rol de liderazgo y participación que les fue endilgado en este complejo engranaje delictivo. La fiscalía espera que sean condenados a 9 años de prisión.
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