El gobernador Maximiliano Pullaro será el primer testigo en declarar este jueves, cuando comience el juicio por corrupción contra dos exjefes de la Policía de Santa Fe.
Causa "D4"
Pullaro abrirá el juicio contra dos exjefes policiales acusados de corrupción
Se prevé que el gobernador sea el primero en declarar el jueves, cuando comience el debate oral y público contra Rafael Grau y Omar Odriozola. Fue Pullaro quien radicó la denuncia que dio inicio a la causa en 2016.
En el banquillo de los acusados estarán Rafael Grau y Omar Odriozola, los únicos imputados en la causa conocida como “D4” en llegar a esta instancia. Fueron acusados de comandar una asociación ilícita que perpetró una millonaria defraudación al Estado santafesino a través de maniobras ilícitas en la reparación de móviles policiales y la compra de repuestos.
La investigación de esta compleja red inició en mayo de 2016, a partir de una presentación que Pullaro, en ese momento Ministro de Seguridad de la Provincia, realizó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la misma, sostuvo que se anotició de las presuntas maniobras ilícitas a partir de un documento anónimo que fue dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio.
Está previsto que el debate comience el jueves a las 8, momento en que el fiscal Ezequiel Hernández expondrá la acusación contra Grau y Odriozola ante el tribunal conformado por las juezas Celeste Minniti y Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert. Luego será el turno de las Dras. Virginia Balanda e Ileana Echaniz, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Tras los alegatos de las partes, comenzará la etapa de producción de prueba. Se espera que Pullaro sea el primero en declarar y que lo haga a través de una videoconferencia, aunque esto podría sufrir modificaciones por cuestiones de agenda. La declaración del gobernador buscará aportar luz sobre el inicio de la investigación.
La acusación
La fiscalía atribuyó a Grau y Odriozola la autoría del delito de “asociación ilícita en carácter de jefes”, en concurso real con la coautoría de “defraudaciones en perjuicio de la administración pública”.
Hernández solicitará para cada uno la condena a 9 años de prisión, además de una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
Según la acusación fiscal, Grau y Odriozola fueron jefes de una organización criminal conformada por funcionarios públicos policiales y civiles. Se les imputa haber utilizado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por la organización.
La modalidad delictiva, detallada en los escritos de la fiscalía y reconocida por otros implicados ya condenados, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que en realidad no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se lograba burlando el procedimiento administrativo respectivo.
Modus operandi
El esquema involucraba a particulares (dueños de talleres mecánicos, chapistas, negocios de repuestos o imprentas) que emitían facturas por trabajos o compras inexistentes. Estas facturas falsas eran presentadas a un funcionario policial -denominado "Habilitado"- que era el encargado de gestionar los pagos y emitir las órdenes de pago mediante cheques.
Para poder librar estas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del Jefe de la Policía de la Provincia (cargo que ocuparon Grau y Odriozola alternativamente durante los períodos investigados) y una confirmación del departamento de Logística (D4).
La fiscalía sostiene que los acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima, y que coordinaron acciones con Facundo José Testi -el "organizador de la asociación ilícita" en el plano civil, ya condenado-.
Testi diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución posterior de la recaudación.
Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del dinero en efectivo al Habilitado, quien a su vez se lo daba al jefe provincial. La fiscalía sostiene que era la máxima autoridad policial quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos.
Finalmente, para cerrar el trámite administrativo, el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, y el jefe provincial debía prestar su conformidad.
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