El martes 12 de septiembre de 2023 la policía irrumpió en un departamento ubicado en la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe. El allanamiento había sido solicitado en el marco de una causa por usurpación y hurto, y terminó destapando un entramado delictivo inmensamente mayor: allí habían montado una cueva financiera.
Con una probation
Pusieron fin a la causa por la que encontraron una cueva financiera en el puerto de Santa Fe
La investigación original, en cuyo allanamiento ocurrió el millonario hallazgo que derivó en una compleja causa federal por delitos económicos, concluyó a través de una suspensión de juicio a prueba.
El hallazgo derivó en una compleja causa en la justicia federal por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, entre otros delitos económicos. Ángel Yamil Benavídez es el principal acusado, y junto a él cuatro personas más aguardan llegar a juicio.
Pasaron dos años desde el allanamiento en el puerto, cuyo objetivo era encontrar las pertenencias de un ciudadano chileno que hasta hacía poco había vivido en el departamento y denunció a la dueña por usurpación. La mujer había cambiado la cerradura y hurtado las pertenencias del inquilino por falta de pago, para luego volver a alquilar el inmueble que se convirtió en sede de la cueva financiera.
El derrotero judicial
La investigación que tramitó en la justicia penal ordinaria estuvo a cargo del fiscal Arturo Haidar, quien imputó a Carina S. los delitos de “usurpación por despojo de la tenencia” y “hurto”.
Todo comenzó con la denuncia del chileno, quien en febrero de 2022 había alquilado el departamento y al cumplirse un año, acordó de palabra extender su estadía. En marzo de 2023 viajó por motivos laborales y cuando regresó no pudo acceder al inmueble. La dueña dijo que había cambiado la cerradura porque le debía dos meses de alquiler.
Primero intervino el Área de Solución Pacífica de Conflictos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y las partes accedieron a participar de un proceso de conciliación y el 11 de julio se acordó la restitución de algunas pertenencias al denunciante. Días después, el hombre intimó a la mujer mediante carta documento, y con la conciliación truncada se dio intervención al fiscal Haidar.
Agentes de la por entonces Agencia de Investigación Criminal (hoy PDI) fueron encomendados con el armado de una lista que especificara todos los artículos denunciados como sustraídos por el chileno. Desde electrodomésticos hasta ropa de cama, ya que el departamento estaba completamente equipado.
Tras notificar de sus derechos a Carina S., el fiscal solicitó la orden de allanamiento para registrar el inmueble, desconociendo que había sido alquilado a un tercero. El 12 de septiembre de la policía irrumpió en el lugar, pero lejos de encontrar electrodomésticos, halló un botín: 45 millones de pesos argentinos; 83 mil dólares; 22 mil euros y 23 mil reales; además de 39 tarjetas de débito.
Desde entonces la causa siguió su curso, mientras la justicia federal investigaba a los involucrados con la cueva financiera, algunos de ellos con vinculaciones con la política santafesina.
Fin del proceso
El pasado lunes 15 de septiembre el juez Lisandro Aguirre concedió a Carina S. la suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation.
La mujer, que contó con la asistencia legal del abogado Esteban Yossen, concretó la devolución de varios artículos y se comprometió a abonar una reparación económica a su ex inquilino.
Durante un año, la dueña deberá cumplir con una serie de normas de conducta que le fueron impuestas. Entre ellas, fijar domicilio, no contactar al denunciante y someterse a la supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria.
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