Las claves del juicio que condenó por corrupción a dos exjefes de la Policía de Santa Fe

En un veredicto que marca un precedente significativo en la provincia de Santa Fe, los exjefes de la Policía, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, fueron condenados por liderar una compleja red de corrupción que defraudó al Estado provincial.

El jueves 19 de junio, los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert dieron a conocer su sentencia, la cual fue unánime. Impusieron seis años y medio de prisión como pena, junto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por una década y el pago de una multa

Grau y Odriozola llegaron a juicio tras un largo derrotero judicial, que comenzó nueve años atrás, en 2016, con una presentación del gobernador Maximiliano Pullaro, que por entonces estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

La causa

La investigación estuvo a cargo, primero, del fiscal Roberto Apullán. Luego, intervino el Dr. Ezequiel Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, a quien luego se sumó la fiscal Bárbara Ilera.

Estos últimos dos participaron del debate oral y público, y se mostraron conformes con la resolución. Sin embargo, evaluarán una posible apelación respecto del monto de la pena, ya que habían solicitado que las condenas fueran a nueve años de prisión.

Lo mismo harán respecto a las reparaciones económicas que pretendían en favor del Estado, debido a que el tribunal consideró que la fiscalía carecía de potestad para hacer dicha solicitud en la instancia del juicio.

Acusados

La acusación fiscal se centró en que tanto Grau como Odriozola formaron parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios policiales y civiles, cuyo propósito era cometer fraudes mediante la simulación de reparaciones y acarreos de móviles policiales, así como la adquisición ficticia de repuestos. Se los señaló como los "jefes" de la organización criminal.

Si bien habrá que esperar a conocer los fundamentos detrás de la decisión del tribunal, tras la receptación de las calificaciones legales propuestas por la fiscalía, los puntos clave de su acusación cobraron aún más relevancia.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que la conducta ilícita de Odriozola se extendió desde enero hasta agosto de 2015, generando un perjuicio económico al Estado de $1.058.664. Por su parte, la actuación de Grau abarcó de septiembre de 2015 a febrero de 2016, con un perjuicio patrimonial de $958.385. Estos montos históricos, al día de hoy, ascienden a casi 260 millones de pesos.

Otros nueve miembros de la asociación fueron condenados previamente al inicio del debate, a través de juicios abreviados, admitiendo los hechos y su culpabilidad. Entre ellos se encontraban Facundo José Testi (identificado como el "organizador"), Raúl Alberto Patriarca y Ariel Hernán Villanueva (exhabilitados), y José María Leiva (exjefe del Departamento de Logística, D4).

Un "aceitado" modus operandi

La mecánica delictiva consistía en facturar reparaciones de vehículos policiales que nunca se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían, burlando los procedimientos administrativos para desviar fondos públicos. El esquema, detallado por la fiscalía, involucraba a particulares que emitían facturas falsas, las cuales eran presentadas a un habilitado de la Jefatura policial.

Para emitir las órdenes de pago mediante cheques, el habilitado requería la firma del Jefe de la Policía de la Provincia (Odriozola o Grau) y una confirmación del Departamento de Logística (D4). El habilitado y el jefe de Logística coordinaban con Testi, quien a su vez diagramaba con los proveedores la elaboración de facturas, el cobro de cheques y la distribución del dinero ilícito.

Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del efectivo al habilitado, quien se lo pasaba al jefe provincial. Era la máxima autoridad policial quien luego decidía sobre el reparto de ese dinero entre sus subalternos.

Para cerrar el ciclo y dar apariencia de legalidad, el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, que requerían la conformidad del jefe provincial.

Las pruebas

La fiscalía sustentó su acusación con una vasta cantidad de pruebas y testimonios que, según lo expuesto, demostraron que las reparaciones no se realizaban y que los jefes tenían conocimiento y participación en la maniobra.

Pericias mecánicas: Se peritaron 10 vehículos, y en 7 de ellos no se constató ninguna de las reparaciones facturadas. En otros 2, solo se encontraron algunas.

Casos emblema: Se destacó el caso del móvil 5622, asignado a la custodia del gobernador, sobre el cual se facturaron reparaciones por montos millonarios a Odriozola y Grau, a pesar de que no dependía de la Jefatura de Policía.

También se mencionó el colectivo estacionado en el patio de la Jefatura, visiblemente dañado, al que Odriozola y Grau facturaron casi un millón y medio millón de pesos respectivamente por "mallado y pintura".

Falta de infraestructura: Planos y fotografías revelaron la ausencia total de herramientas, repuestos e instalaciones adecuadas en los talleres que facturaban a la policía.

Prueba directa de dinero: El exhabilitado Villanueva declaró que ambos jefes (Odriozola y Grau) abrían el sobre delante de él y le daban dinero.

Comunicaciones y favores: Interceptaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp mostraron una relación fluida y comprometedora entre los implicados. Testi realizaba "favores" constantes a ambos jefes, incluyendo reparaciones de sus vehículos particulares. La fiscalía también presentó evidencia de que los jefes designaban y removían personal en lugares estratégicos para la maniobra.

Testimonios clave, incluyendo a los condenados "arrepentidos": Miños, un exjefe del D4 sobreseido en la causa, informó a Odriozola sobre la falta de personal que impedía controles, y manifestó que "yo no hacía nada que él no sepa". Agregó que el exjefe de policía le quitó más del 50% del personal del D4, y que le daba órdenes directas para firmar.

Patriarca (ex habilitado condenado) afirmó que Odriozola conocía el circuito de adquisiciones y que le decía que pagara las reparaciones "igual" aunque no hubiera certificados de recepción, pues él "hablaba con Miños". Patriarca detalló la entrega de sobres marrones con dinero de Testi para Odriozola, de los cuales este último le devolvía entre 3.000 y 5.000 pesos para sus gastos.

Ariel Villanueva (sucesor de Patriarca) corroboró el modus operandi, notando su "total y completa uniformidad" bajo ambos jefes, lo que evidenciaba el dominio de la maniobra por parte del jefe de policía. Villanueva declaró que Odriozola le instruyó sobre la "situación particular con un proveedor de hacía mucho tiempo" (Testi) y el uso de "prestanombres".

Al asumir Grau, Villanueva le contó la situación y este decidió continuar con la defraudación. El testigo ratificó que ambos jefes tenían una "muy buena relación" con Testi, quien entregaba el efectivo en sobres, a veces directamente al jefe.

José María Leiva (exjefe del D4 bajo Grau) testificó que su superior le instruyó apoyarse en Villanueva y contratar con Testi. Además, confirmó una reunión en un auto con Grau y Villanueva al día siguiente de los allanamientos al D4, en la que lo presionaron a firmar documentos, a lo que él se resistió.

"Asociación ilícita institucional"

La fiscalía argumentó que sin la participación de los exjefes, las maniobras ilícitas no podrían haberse concretado. Su firma era un requisito indispensable para las rendiciones de cuentas y emisión de cheques. Se les atribuyó no solo una omisión de control, sino acciones deliberadas para encubrir la maniobra, como la negación de proveer herramientas al D4 o la reducción de personal.

Además, coordinaban acciones con el organizador y otros miembros, e incluso determinaban el reparto de las ganancias ilícitas. La continuidad idéntica de la maniobra bajo la gestión de Odriozola y luego de Grau fue presentada como prueba de que el jefe de policía tenía el "dominio" de la defraudación.

El Ministerio Público de la Acusación enfatizó que el delito no solo implicó un millonario perjuicio patrimonial, sino también un "menoscabo a la imagen institucional del Estado Provincial". Los acusados, al ocupar las máximas jerarquías policiales, tenían la obligación de hacer cumplir la ley y acatarla ellos mismos, lo cual no sucedió.

La fiscalía destacó que se trató de una "asociación ilícita institucional", donde las relaciones de trabajo preestablecidas se pervirtieron para fines criminales, afectando la confianza ciudadana en la administración pública y en la policía. Los fondos desviados, según la fiscalía, podrían haber sido destinados a otras áreas de necesidad social.